El tiroteo fatal de un niño de 17 años ha llevado a la apertura de una investigación formal contra un oficial de policía, quien ahora enfrenta cargos de homicidio voluntario. Mientras tanto, Emmanuel Macron se esfuerza por controlar la creciente indignación pública por este asesinato. En memoria del adolescente, identificado como Nahel M., miles de personas marcharon por Nanterre el jueves. Encabezados por su madre Mounia y portando pancartas que exigían "Justicia para Nahel", los manifestantes coreaban consignas como "Sin justicia, no hay paz" y "La policía mata".
Después de una segunda noche de disturbios y violencia en toda Francia, en la que edificios públicos fueron incendiados y automóviles prendidos fuego en ciudades desde Lille hasta Toulouse, así como en los suburbios de París, el presidente francés convocó a una reunión matutina de crisis con ministros de alto rango. Macron declaró: "Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra las estaciones de policía, pero también contra escuelas y ayuntamientos, y por lo tanto contra instituciones de la república, y estas escenas son totalmente injustificables".
La posibilidad de que se repitan las semanas de protestas violentas y sostenidas provocadas por la muerte de dos jóvenes de origen africano durante una persecución policial en 2005 tiene obsesionado al gobierno. "Serán desplegados 40.000 policías en toda Francia el jueves por la noche", dijo el ministro del Interior, Gérald Darmanin. En la región metropolitana de París, se incluirán 5.000 agentes, casi cuatro veces más que el miércoles. Además, el jefe de la región metropolitana de París anunció que los servicios de autobús y tranvía se detendrían a las 9 p.m.
Después de los disturbios del miércoles, se realizaron un total de 180 arrestos, según lo declarado por Darmanin. "La respuesta del Estado debe ser extremadamente firme", afirmó. Por ahora, tanto él como la primera ministra, Élisabeth Borne, descartaron la posibilidad de declarar el estado de emergencia. El jueves, Borne tenía programado visitar Garges-lès-Gonesse, al norte de París, donde la oficina del alcalde fue incendiada durante la noche en medio de la creciente ira pública por la violencia policial dirigida especialmente hacia hombres jóvenes de minorías no blancas y las acusaciones de racismo sistémico.
En una conferencia de prensa, el fiscal local Pascal Prache informó que el oficial en cuestión ha sido sometido a una investigación formal por homicidio voluntario, lo cual equivale a ser acusado en jurisdicciones anglosajonas. Prache declaró: "Después de analizar las pruebas recopiladas, el fiscal concluye que no se han cumplido los requisitos legales para utilizar el arma". Además, se ha ordenado la custodia del oficial en cuestión.
Mientras intentaba escapar de la policía, el joven de 17 años recibió un disparo en el suburbio occidental de París el martes. Según Prache, había sido detenido por una serie de infracciones de tráfico, como exceso de velocidad, saltarse las luces rojas y conducir en un carril para autobuses.