Bildu es una coalición política que agrupa a varias formaciones de izquierda abertzale y que se presenta a las elecciones autonómicas, municipales y forales del 28-M en el País Vasco y Navarra. Entre sus candidatos, hay 44 personas que fueron condenadas por terrorismo, siete de ellas por asesinato. Esto ha provocado que algunos partidos políticos, como Vox y el PP, y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, como Dignidad y Justicia, pidan la ilegalización de Bildu o la anulación de sus listas electorales.
Sin embargo, aplicarles la Ley de Partidos Políticos a Bildu para impedir su participación en los comicios es más que complicado, ya que esta norma se diseñó para combatir el terrorismo de ETA cuando aún estaba activo, y la banda terrorista anunció el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011, hace casi 12 años. Pero además, como hemos dicho, no es un partido sino una coalición, en la que solo una de las formaciones que la componen, Sortu, podría vincularse a ETA, pero ya dijo el Tribunal Constitucional que era plenamente legal.
La Ley de Partidos Políticos establece que son ilegales aquellos partidos que persigan deteriorar o destruir el régimen de libertades o imponer un sistema totalitario; que apoyen o complementen la acción de organizaciones terroristas; o que inciten al odio o la violencia contra personas o grupos por razón de su ideología, religión, creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. El hecho es que no solo Bildu podría encajar en ese argumentario ¿no creen?
Para aplicar esta ley, se requiere una demanda del Gobierno o del Fiscal General del Estado ante la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo. Esta sala está compuesta por 16 magistrados y debe resolver en un plazo máximo de tres meses. Su decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Los expertos consideran que no hay motivos suficientes para demandar a Bildu por estas causas, ya que no hay pruebas de que apoye o complemente la acción de ETA ni de que incite al odio o la violencia. De hecho, Bildu ha condenado el terrorismo de ETA en varias ocasiones y ha reconocido el daño causado a las víctimas.
Además, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que son inelegibles los condenados por delitos de rebelión, terrorismo o contra las instituciones del Estado cuando la sentencia haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público. Sin embargo, los 44 candidatos de Bildu condenados por terrorismo no tienen inhabilitado este derecho (sufragio pasivo), por lo que pueden presentarse a las elecciones.
La LOREG también impide presentar candidaturas que vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido. Este fue el caso de Batasuna y otras formaciones afines a ETA que fueron ilegalizadas en el pasado. Sin embargo, Bildu no puede considerarse una continuación o sucesión de estas formaciones, ya que se constituyó en 2011 tras el cese definitivo de ETA y bajo el control del Tribunal Constitucional.
Con estos argumentos sobre la mesa, plantear la ilegalización de Bildu es un flaco favor a la democracia porque acabará en derrota en los tribunales.
Por otro lado, la decisión de ETA de abandonar las armas fue el resultado de una intensa presión policial y judicial, que debilitó su estructura y capacidad operativa, así como de un amplio rechazo social y político a su violencia. También influyó el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, que optó por la vía política y democrática para defender sus ideas.
Sin embargo, algunos sectores políticos y mediáticos siguen cuestionando la legitimidad de Bildu y piden su ilegalización o la anulación de sus candidaturas. Lo que pretenden es negar el derecho a la existencia y a la expresión política de Bildu y de sus votantes. Lo que quieren es ilegalizar unas ideas que no comparten ni respetan. Lo que buscan es silenciar una voz que les molesta o les incomoda.
Ilegalizar a Bildu sería un grave atentado contra la libertad de expresión y contra la pluralidad democrática. Sería un retroceso histórico que pondría en riesgo el Estado de derecho y la paz social. Sería un precedente peligroso que abriría la puerta a ilegalizar otras formaciones políticas por razones similares.
Si Bildu ha aceptado el juego democrático y sus candidatos tienen legalmente derecho a presentarse, dejando al margen el reproche moral –que lo tiene, y además de modo extremo- la pregunta es por qué quieren ilegalizarles. Pues quieren ilegalizarles por ser independentistas, y claro, con el mismo argumento los siguientes serán el PNV, ERC, luego otros nacionalistas… y después, quizá los comunistas, y los socialistas, y por qué no los ateos, o los musulmanes… o los republicanos… o los homosexuales… quién sabe, porque en estas cosas, todo es empezar.