El Grupo parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado a la Mesa del Congreso la creación de una Comisión no permanente de seguimiento de la Presidencia del Consejo de la UE, que por turno corresponde a España durante el segundo semestre de 2023.
El objeto de dicho órgano será controlar la ejecución de los fondos destinados a cubrir las necesidades de la Presidencia española y su vinculación con los objetivos a alcanzar por esta.
Para ello deberá recibir información por parte de los distintos departamentos ministeriales de los gastos de los actos que se prevé llevar a cabo, así como dar cuenta pormenorizada de los contratos y la elaboración de conclusiones sobre las actuaciones del Gobierno en relación a la Presidencia española.
En este sentido, en la Comisión comparecerían todos los ministros para informar de las actividades diseñadas durante el semestre en relación con las materias de su competencia y la relación pormenorizada de gastos de los actos de la Presidencia. Además, dicho órgano emitirá un informe que se remitirá al Pleno del Congreso para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.
La Comisión estaría integrada por 37 miembros (13 del PSOE, 9 del PP, 5 de Vox, 4 de UP y uno a cada uno del resto de grupos) y desarrollará sus trabajos hasta que finalice la Presidencia del Consejo de la UE en España.
Para el GPP, la Presidencia del Consejo de la Unión debería ser una singular oportunidad de ofrecer una imagen de unidad de Gobierno, Cortes Generales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y en general de la sociedad española, a los países miembros de la Unión Europea, para lo cual es decisivo que los representantes de la soberanía nacional contemos con toda la información posible sobre la misma.
Por ello, el Grupo Popular critica al Gobierno de Sánchez su opacidad y falta de transparencia en esta materia, ya que la escasa información de la que disponen los grupos parlamentarios sobre este evento es la que se ha conocido a través de los medios de comunicación y el Ejecutivo se negó a explicar los presupuestos de la Presidencia europea en el trámite de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.