La sentencia de la Operación Poniente indica que la empresa en cuestión era dueña del 70% de la sociedad involucrada en el saqueo del Ayuntamiento de El Ejido.
De acuerdo con la sentencia revisada por Noticias de Almería, aunque la atención pública se ha enfocado en Juan Enciso y José Antonio Alemán, quienes están relacionados con el caso de corrupción llamado "Operación Poniente", la compañía Abengoa es la que ha obtenido mayores beneficios.
Abengoa tenía el 70% de la compañía mixta Elsur, la cual se utilizó para saquear el Ayuntamiento ejidense. El presidente y el tesorero de la empresa, Enciso y Alemán, respectivamente, fueron condenados a más de cinco y siete años de prisión por su implicación en los hechos, ya que todo pasaba por ellos.
La empresa mixta recibía la mayor parte de sus ingresos del dinero público que el Ayuntamiento de El Ejido le pagaba como canon cada año. De acuerdo con la sentencia, los directivos acusados del socio privado mayoritario de ELSUR se beneficiaron ilegalmente de estos ingresos a pesar de saber que eran de origen público.
La compañía privada ABENSURASA, que antes formaba parte del grupo ABENGOA y luego pasó a ser propiedad de Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.A. (AYGESA), cambió su nombre en diciembre de 2005 por AGUA Y GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS, S.L.U. (AYGESUR). Actualmente, posee el 70% del capital social de ELSUR y ha facturado al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento dentro del canon anual y por servicios y obras fuera del canon, incluyendo el IVA.
En el 2002, se reportó una suma de 20.321.600 €.
En el 2003 se reportó una suma de 21.746.400 euros.
En 2004, se registró una cantidad de 22.660.900 €.
En 2005, se registró una cantidad de 25.095,300 €.
En 2006, se obtuvieron ingresos por un monto de 32.785.500 €.
En el 2007, se reportó una suma de 39.691.600 €.
En el 2008, se registró una cantidad de 37.860.000 €.
En el 2009, se reportó una suma de 30.295.210 €.
El valor completo asciende a 230.456.510 €.
En las facturas presentadas se encontraron sobrefacturaciones realizadas por los grupos empresariales y sus propietarios acusados en este caso, mientras trabajaban en subcontratos con la Empresa Mixta ELSUR. Según las investigaciones, esto fue posible gracias a la colaboración de los representantes municipales, incluyendo al Alcalde Juan Antonio Enciso Ruiz, quien además era el presidente del Consejo de Administración, y del Interventor Municipal y miembro del Consejo de Administración de ELSUR, José Antonio A. B.
Entre 2002 y 2003, ABENGOA y sus empresas controladas, incluyendo Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.A. y su filial Agua y Gestión de Servicios Urbanos S.L.U., que poseían el 70% de ELSUR, realizaron una sobrefacturación en concepto de "Gastos de Apoyo a la Gestión y Asesoramiento". Estos servicios nunca fueron prestados ya que no se encontraron actas de reuniones, informes, estudios o documentos que demostraran su veracidad. El objetivo era apropiarse indebidamente de fondos públicos y aumentar los costos de ELSUR para justificar ante el Ayuntamiento el aumento de precios en beneficio propio del socio privado.
En los años 2002 y 2003, la empresa BEFESA AGUA, S.A., antes conocida como ABENSUR y Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, celebró dos contratos con el Ayuntamiento para brindar servicios de asesoramiento y apoyo a la gestión. Sin embargo, estos contratos no fueron firmados en su fecha original del 3 de enero de 2003, sino que se crearon once meses después. Estos contratos fueron utilizados para justificar facturas que ELSUR había girado por servicios que nunca se habían prestado. En total, se emitieron 10 facturas en el año 2002 y 19 facturas en el año 2003, con un importe global específico (sin IVA).
En el año 2002, se reportó una cantidad de 760.131,59 €.
En el año 2003, se gastó una cantidad de dinero de 1.286.557 €.
El importe completo asciende a 2.046.688,59 €.
En los contratos mencionados se nombra a José Marañón Martín, quien ya ha fallecido, como representante de ABENSUR y Director General de BEFESA (ABENSUR) y Consejero de ELSUR. Además, Manuel C.P., gerente de Elsur y acusado en este caso, también está presente. Ambos pertenecían al Grupo ABENGOA y fueron asignados para supervisar la empresa y obtener beneficios ilegales.
Durante los años 2002 y 2003, aquellos que participaron en las maniobras realizadas, ya sea en la Empresa Mixta o en otras empresas asociadas, fueron acusados. Todos los implicados eran mayores de edad y no tenían antecedentes penales.
"FRANCISCO JAVIER M. M. es parte del Consejo de Administración de ELSUR y, además, ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo en BEFESA."
Antonio M. H. es parte del Consejo de Administración de ELSUR y, al mismo tiempo, desempeña el puesto de Secretario General en BEFESA.
"Según se informa, José María C. C. es miembro del Consejo de Administración de ELSUR y también desempeña el cargo de administrador mancomunado en ABENSURASA."
AYGESA compró el 99% de ABENSURASA AIE entre 2004 y 2009, y en 2005 se convirtió en el único accionista, cambiando su nombre a AYGESUR. De esta forma, obtuvo el control total de la Empresa Mixta y siguió un proceso similar al de Befesa, pagando a ELSUR por "Asesoramiento y apoyo a la gestión". Estas cantidades se dividieron en dos conceptos: "FEE", que incluía servicios generales, y "EXTRA FEE", que incluía servicios bajo demanda. El objetivo era hacer la operación más opaca.
La facturación de AYGESA se basaba en contratos firmados entre los años 2004 y 2008, siendo que no hubo contrato para el año 2009 debido a la intervención judicial de ELSUR. Los contratos eran idénticos a los realizados por BEFESA y no estaban firmados. El Director General de AYGESA y Vicepresidente del Consejo de Administración de ELSUR desde octubre de 2004, Antonio Ramón B. V., junto con el gerente de ELSUR, Manuel C. P., aparecían como contratantes. Se descubrió que estos contratos y su facturación indican que el socio privado de ELSUR decidía primero la cantidad de dinero que recibiría y luego elaboraba los contratos, facturas, pedidos y resúmenes para justificar las cantidades facturadas por supuestos trabajos que nunca existieron.
En el lapso de tiempo comprendido entre 2004 y 2009, se encontraron varios implicados que estuvieron involucrados directamente en las acciones ilegales. Estas personas ocupaban puestos en la Empresa Mixta y en otras empresas del socio privado, pero no tenían antecedentes penales previos y eran mayores de edad.
Antonio Ramón B. V. ocupa el cargo de vicepresidente en el Consejo de Administración de ELSUR y al mismo tiempo es director general y apoderado de AYGESA.
Justo Fernando B. H. ocupa dos cargos importantes en empresas relacionadas: es miembro del Consejo de Administración de ELSUR y Director de Administración de AYGESA. También es Apoderado Mancomunado de esta última sociedad.
Manuel F. H. es miembro del Consejo de Administración de ELSUR y al mismo tiempo ocupa el cargo de Director de Producción en AYGESA, lo que le confiere cierto control sobre la Dirección de Producción de ELSUR.
Miguel Ángel A. C. es miembro del Consejo de Administración de ELSUR y también ocupa el cargo de consejero y apoderado mancomunado en AYGESA.
Los miembros del consejo de Administración de Elsur y altos cargos ejecutivos de AYGESA, socio mayoritario de la primera a través de Aygesur, fueron acusados de haber ordenado o autorizado la elaboración de contratos de "asesoramiento y apoyo a la gestión" que incluían servicios inexistentes. Estos servicios abarcaban asesoramiento en la mejora de la gestión de compras y subcontrataciones, auditoría interna y apoyo en la elaboración del estudio de actualización del canon anual que el Ayuntamiento debía pagar a ELSUR. Además, se les acusa de haber cobrado salarios por horas trabajadas en dichos estudios.
Los acusados, MANUEL C. P. y JAIME R. R., quienes ocupaban los cargos de gerente y director financiero en ELSUR, respectivamente, fueron implicados en un comportamiento ilícito a pesar de no tener antecedentes penales. JAIME R. R. tenía la responsabilidad de autorizar y emitir pagos, tarea que compartía con el gerente de la empresa mixta.
Durante el período en cuestión, se ha confirmado que los directores de producción de Elsur acusados, José A. R. y Miguel Ángel R. B., no estuvieron involucrados en la actividad ilegal investigada. Esto se debe a que sus responsabilidades laborales no incluían la firma de contratos de "asesoramiento y apoyo a la gestión" del socio privado ni la autorización de pagos correspondientes. En cambio, estas tareas eran responsabilidad del gerente y del Director Financiero de la empresa mixta a partir de 2008.
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Ejido y Presidente del Consejo de Administración de ELSUR, Juan Enciso, junto con el Interventor Municipal del Consistorio, José Antonio Alemán, permitieron actividades ilegales en la Empresa Mixta. Ambos incumplieron sus responsabilidades de supervisión y control sobre los fondos públicos del municipio, lo que posibilitó que estas actividades se llevaran a cabo. El Interventor autorizaba el gasto una vez que había sido registrado, mientras que el Alcalde autorizaba las resoluciones con su firma para ordenar los pagos del canon anual aumentado artificialmente.
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