En el foro del Grupo de Puebla, Cristina Kirchner cerró el evento rodeada por expresidentes y juristas de Iberoamérica. Los funcionarios presentes le pidieron con cánticos que sea candidata a la presidencia. En su discurso, afirmó que su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y otros expedientes judiciales no están relacionados con hechos de corrupción, sino con la redistribución del ingreso y la igualdad social durante su gobierno. También advirtió que nunca serán perdonados.
La vicepresidenta afirmó que no son perseguidos por su ideología política, sino por igualar a la sociedad. En una conferencia en el Centro Cultural Kirchner, declaró: "El verdadero objetivo del lawfare es criminalizar una política que busca redistribuir el ingreso y promover la movilidad social ascendente para evitar la polarización entre ricos y pobres".
La vicepresidenta afirmó que el "lawfare" ha reemplazado la doctrina de seguridad nacional y al partido militar, y que los medios de comunicación son un elemento clave en este proceso. Según ella, las sentencias se escriben primero en los medios y luego son suscritas por un juez y un fiscal.
La vicepresidenta mencionó que durante la dictadura de 1976 se estableció la economía bimonetaria en Argentina. Además, resaltó que cuando Néstor Kirchner asumió el poder, la agenda de derechos humanos no era una prioridad según las encuestas.
Además de criticar a Javier Milei y Gerardo Morales sin mencionar sus nombres, la vicepresidenta destacó la importancia de combatir el narcotráfico y señaló que la verdadera lucha debe ser contra el entramado financiero que blanquea el dinero de las bandas. Sin embargo, no se hizo mención de las acciones tomadas durante las cuatro gestiones kirchneristas para abordar este problema.
Después de poner en duda la administración económica del partido Cambiemos, Cristina Kirchner volvió a hablar sobre el tema del lawfare. Expresó que "la persecución política no solo busca imponer un modelo económico diferente, sino también controlar a los líderes del campo nacional y popular".
Durante un evento, la vicepresidenta Cristina preguntó quién estaría dispuesto a nacionalizar las AFJP y recibió varias respuestas. Sin embargo, ella aclaró que esta tarea no es solo responsabilidad de una persona, sino de toda la sociedad. A pesar de las presiones, la vicepresidenta se mantuvo firme en su objetivo de construir un estado democrático en el que las garantías constitucionales sean reales.
El Grupo de Puebla había planeado realizar un panel final después de conocer la condena por el caso vialidad, pero debido al atentado contra la vicepresidenta, se pospuso. El diputado Eduardo Valdés moderó el panel, que contó con la participación de los expresidentes José Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y Evo Morales (Bolivia), así como del exjuez español Baltasar Garzón, la abogada brasileña Gisele Ribocom y el coordinador del Grupo de Puebla, Marcos Enríquez-Ominami (Chile). Pepe Mujica (Uruguay) también estuvo presente en el público y recibió atención y elogios.
Baltasar Garzón opinó que el fallo de la causa Vialidad no debería ser considerado una sentencia, ya que consta de 1600 páginas y carece de pruebas. Según él, los jueces no tuvieron suficiente convicción y lo que se busca es proscribir a Cristina.
Samper le dijo a la vicepresidenta que sus amigos saben que ella es inocente sin necesidad de leer la sentencia. Morales mencionó que cuando no pueden ser derrotados políticamente, electoralmente o culturalmente, intentan hacerlo judicialmente, como en el caso de la hermana Cristina.
Durante una conferencia, el ex presidente español Rodríguez Zapatero expresó su solidaridad por el atentado contra Cristina Kirchner y confía en que la Justicia resolverá el caso adecuadamente. Además, destacó que nunca ha iniciado acciones judiciales contra sus adversarios políticos, ya que confía en ganar en las urnas. Su discurso fue aplaudido por los presentes, en su mayoría miembros del oficialismo argentino, quienes también han impulsado denuncias contra exfuncionarios de Cambiemos y un juicio político contra la Corte Suprema.
Ribocom, un jurista, ha anunciado que denunciará la Justicia argentina por no mostrar interés en investigar el atentado y por mostrar saña contra la vicepresidenta. Ribocom comparó la inhabilitación perpetua de Cristina con un "magnicidio civil". Para animar al público, recordó que en su país, Lula da Silva volvió al poder tras ser condenado. El auditorio respondió con cánticos de "Cristina presidenta".
En los paneles previos, el discurso de Correa fue enfático y apuntó a los fiscales y jueces que lo investigaron y condenaron por corrupción en su país. El senador Oscar Parrilli también criticó a los magistrados que el kirchnerismo tiene en la mira, incluyendo a varios jueces y fiscales, así como a los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.