El líder ruso no hizo uso de sus competencias para detener a aquellos que deportaron menores, según lo indicado por el tribunal.
La CPI ordenó el arresto de la comisionada rusa para los derechos del niño.
El fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, afirmó que es inaceptable que los niños sean utilizados como objetos de guerra.
"Es necesario garantizar que los presuntos delincuentes sean procesados y que los menores regresen a sus hogares", afirmó.
Aunque existe una orden de arresto contra Putin y la comisionada rusa para los derechos del niño, María Alekseyevna Lvova-Belova, la CPI no tiene la capacidad de detener a los sospechosos. La jurisdicción de la corte se limita a los países que han firmado el acuerdo establecido para su funcionamiento.
"Como Rusia no ha firmado el acuerdo, es poco probable que cualquiera de los dos sea extraditado", según lo mencionado.
Según la fuente de la imagen, la orden convertirá al presidente ruso en un paria internacional y le complicará los viajes, especialmente a países que reconozcan la jurisdicción de la CPI.
Según se establece en la CPI, los integrantes tienen la responsabilidad de detener a cualquier individuo que sea acusado por el tribunal.
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), también conocido como el Tribunal de La Haya, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene como objetivo resolver disputas legales entre países. Sin embargo, el TIJ solo puede juzgar a estados y no a personas individuales, incluidos los jefes de estado.
En cuanto a la posibilidad de que un jefe de estado sea detenido por un tribunal internacional, esto puede depender del tipo de tribunal y del caso específico. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional (TPI) tiene jurisdicción para procesar a individuos, incluidos jefes de estado, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero solo si el país al que pertenece el individuo es un miembro del TPI o si el Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado el enjuiciamiento.
En cualquier caso, la detención de un jefe de estado por parte de un tribunal internacional sería un asunto altamente controvertido y políticamente delicado, y tendría implicaciones significativas para las relaciones internacionales entre los países involucrados.
Se trata de la comisionada del gobierno ruso para los derechos del niño, un cargo que ocupa desde octubre de 2021.
Junto a Putin, la exsenadora de 38 años enfrenta acusaciones de crímenes de guerra por la presunta deportación y transferencia ilegal de niños desde las áreas ocupadas por las fuerzas rusas en Ucrania hacia el territorio ruso, según la CPI.
El tribunal consideró que "hay motivos razonables" para considerar que Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por crímenes ocurridos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania.
Por el contrario, la funcionaria expresó este viernes orgullo por su labor de reubicación de menores de los territorios del este de Ucrania que Rusia considera como parte de su Estado.
"Es maravilloso que la comunidad internacional haya apreciado este trabajo para ayudar a los niños de nuestro país", dijo Lvova-Belova a la agencia de noticias rusa Ria Novosti.
"Que no los dejemos en zonas de guerra, que los saquemos, que creemos buenas condiciones para ellos, que los rodeemos de personas cariñosas y afectuosas".
Cuatro meses antes del inicio de la guerra, Lvova-Belova asumió el cargo de comisionada para los derechos del niño en la oficina presidencial de la Federación Rusa.
Previamente había sido senadora por el óblast de Penza, donde nació en 1984.
Como parte de la invasión rusa, algunos niños ucranianos han sido trasladados a territorio ruso desde las regiones del este de Ucrania anexadas o en disputa tras el conflicto.
Lvova-Belova ha sido responsable del retiro de los niños y su "integración" en Rusia. Desde sus inicios fue figura pública, oradora y organizadora de estos procesos.
La propia funcionaria siempre ha llamado a esto "evacuación" y lo ha explicado como una preocupación por los intereses de los niños.
Pero las autoridades ucranianas han afirmado repetidamente que, desde el punto de vista del derecho internacional, estas acciones se clasifican como deportación y genocidio.
La CPI realizó investigaciones sobre las denuncias de rapto de niños por parte de las fuerzas rusas.
"Mientras estuve allí, visité una de las residencias de ancianos de las que supuestamente se llevaron a los niños, cerca de la actual línea de frente del conflicto. Los relatos de quienes habían cuidado a estos niños y sus temores sobre qué había sido de ellos subrayaron la necesidad urgente de actuar", dijo este viernes el fiscal de la CPI Karim Ahmad Khan.
El año pasado, Lvova-Belova habló públicamente de los esfuerzos para adoctrinar a los niños ucranianos llevados a Rusia.
Y también se quejó de que algunos niños "hablaban mal del presidente [ruso], decían cosas horribles y cantaban el himno ucraniano".Dijo que "comenzaron a integrarse" después de ser colocados en familias adoptivas en Rusia.
"Así que sí, hay algunas cosas malas al principio, pero luego se transforman para amar a Rusia", señaló.
También ha revelado que ella personalmente adoptó a un niño de 15 años, Philip Golovnya, originario de Mariúpol, una de las ciudades ucranianas tomadas durante varios meses por las fuerzas rusas tras la invasión.
Philip, junto con un grupo de niños de Mariupol, fue llevado en la primavera de 2022, primero a Donetsk y luego a un sanatorio en la región de Moscú, donde fue recibido por la funcionaria.De hecho, el mes pasado dijo en un evento público que era "gracias" al presidente Putin que pudo lograr la adopción. Ella ya tenía 5 hijos biológicos, pero se sabe que ha adoptado a otros más.
En respuesta a las órdenes de arresto, el Kremlin dijo que no reconocía la jurisdicción de la CPI.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que cualquiera de las decisiones de la corte era "nula y sin efecto" con respecto a Rusia.