La hipocresía de algunos mandatarios de América Latina, como Gustavo Petro, el presidente del narco estado de Colombia, es de aurora boreal. Decir públicamente que no le parece correcto que se encarcelen a los pandilleros criminales que durante años gobernaban el país, chantajeando a los comerciantes, echando a los inquilinos de sus viviendas para ocuparlas ellos, asesinando… Pero claro, se une a esa pandilla de oligarcas globalistas, que desde sus jet privados financian instituciones sociales, como Amnistía Internacional, cuyos funcionarios viven de vigilar a los gobiernos para que a los delincuentes no les vulneren sus derechos, como Erika Guevara, que ante el éxito de la aplicación del estado de excepción manifiesta que «el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción».
Por supuesto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional nada tenía que decir de las 64 víctimas asesinadas cada día, 1920 cada mes, en El Salvador por esos pandilleros que ahora están entre rejas. Las maras tenían el récord de haber asesinado a 120.000 salvadoreños desde final de la guerra. Igual que nada dice de los más de veinte mil asesinatos que cada año los sicarios colombianos añaden a su lista de crímenes, con la complicidad de políticos corruptos, jueces que cobran de los narcos, y una población que ya no sabe vivir sin la lacra del negocio de la coca.
A lo mejor lo que le molesta a los oligarcas globalistas, con el payaso de George Soros como cabeza visible, es que Nayib Bukele ha demostrado que a las organizaciones criminales se las puede encarcelar y encerrarlos en la prisión más moderna y grande de toda América.
Con complejos y con funcionarios que viven, y muy bien, a sueldo de organizaciones como la de Derechos Humanos, jamás se conseguiría que El Salvador, que en 2015 alcanzó una tasa de homicidios histórica de 103 por cada 100.000 habitantes, haya pasado en poco tiempo de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros. Y si no se lo creen, pues que se den una vuelta por las calles de San Salvador, Santa Ana, Suchitoto, incluso Soyapango, y conversen con los propietarios del comercio que antes vivían atemorizados por unas «maras» a las que debían pagar un impuesto si querían conservar su negocio y la vida.
A Gustavo Petro, marxista y miembro de la guerrilla M19 en la década de los años ochenta, parece que le mola que en sus cárceles los criminales vivan con sus celulares para seguir con el negocio y rodeados de prostitutas y buenos alimentos… En la cárcel de El Salvador no hay visitas. No hay celulares y no hay privilegio para unos criminales que durante años lograron que ese país estuviera en el récord de los más inseguros del mundo.
Gustavo Petro, los oligarcas globalistas y Amnistía Internacional necesitan que la coca colombiana siga llegando a El Salvador, para lo que es imprescindible que las «maras» criminales no sigan encarceladas por el gobierno de Nayib Bukele. ¿Cómo explican, si no, que cada año 360.000 millones de dólares estadounidenses de la droga se blanqueen en prestigiosas instituciones bancarias controladas por esos oligarcas?