El Ministerio de Igualdad ha decidido regular los medios de comunicación para que informen con "perspectiva de género", según la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, presentada el martes. El documento de 88 páginas propone acciones para que la prensa transmita mensajes adecuados a su audiencia y también sugiere sanciones para quienes no lo cumplan.
El estudio realizado por Igualdad concluye que los medios de comunicación no están suficientemente conscientes de los estereotipos de género. Además, señala que la perspectiva de género no se incluye sistemáticamente en el tratamiento de los contenidos ni en el lenguaje, y que las mujeres siguen siendo invisibles en muchos ámbitos clave.
El Ministerio de Igualdad ha anunciado que el tratamiento de la información con perspectiva de género será obligatorio en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025.
Irene Montero y su equipo proponen crear un mecanismo para invitar a corregir o castigar malas prácticas. No se especifica cuál sería este mecanismo. Tratar la información desde una perspectiva de género no es una opción, sino una obligación.
Las consignas se materializan en siete medidas, entre las cuales destaca la de desarrollar recomendaciones para sensibilizar a los medios de comunicación con el fin de evitar mensajes que refuercen el "relato del terror sexual". Esta medida es relevante porque los titulares de Igualdad han usado este argumento para criticar a los medios que están informando sobre la reducción de penas a violadores -que ya son casi 200- provocada por su ley del solo sí es sí.
Existen pruebas suficientes para pensar que, si se lleva a cabo esta política, las noticias relacionadas con este tema serán sancionadas en el futuro. Esto es aún más cierto si tenemos en cuenta que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, pidió a los medios de comunicación que no informaran sobre los recursos presentados por los abogados de personas condenadas por agresión sexual. Ella argumentó: "Dejemos de hacer eco de las peticiones de revisión de las defensas. Yo no haría noticia al respecto, ya que esto alarma mucho a las mujeres".
Otras formas de mejorar la relación con los medios de comunicación son evitar la sensacionalización de noticias sobre violencia machista y reforzar el Observatorio de Igualdad de RTVE.
La Estrategia Estatal para luchar contra las violencias machistas entre 2022 y 2025 está financiada con 2.308 millones de euros y contempla 266 medidas para combatir todas las formas de violencia machista. Esto incluye también la "violencia política", que es el término utilizado por el Ministerio de Igualdad para condenar la afirmación de Carla Toscano, diputada de Vox, de que el único mérito de Irene Montero es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias.
Angela Rodríguez Pam explicó en la presentación de la estrategia del martes que las prácticas nocivas tradicionales y los delitos cometidos contra defensoras de los derechos humanos, políticas, activistas o periodistas son también formas de violencia por razón de género en contra de las mujeres. Esta violencia se manifiesta a través de insultos, amenazas, críticas en redes sociales y ataques a la prensa.
El Ministerio de Igualdad define la violencia política como aquella que se ejerce contra las mujeres inmersas en el ámbito político. Para entender mejor esta definición, Victoria Rosell encargó en 2021 un estudio cualitativo al grupo feminista Hybridas. Según este estudio, los insultos, el menosprecio, el silenciamiento, los ataques mediáticos, el acoso en el ámbito privado, las amenazas y el lawfare son las formas de violencia más comunes. Esta última se refiere a la persecución judicial según Unidas Podemos.
El informe menciona dos ejemplos paradigmáticos. El primero fue cuando el diputado de Vox José María Sánchez García se refirió a Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE, como una "bruja". El segundo fue cuando Francisco Javier León de la Riva, exalcalde de Valladolid del Partido Popular, dijo en público: "Cada vez que veo los morritos de Leire Pajín, pienso en lo mismo". No hace referencia al hecho de que Angela Rodríguez Pam llamó a una compañera de partido "puta coja".
Un informe, que costó 12.100 euros al presupuesto público, afirma que los responsables de la violencia contra las mujeres políticas son "oponentes y grupos criminales, así como miembros del mismo partido, familiares y amigos, representantes del Poder Ejecutivo, funcionarios estatales, medios de comunicación y críticos, redes sociales, policía y fuerzas armadas".
El informe de Igualdad propone seguir el ejemplo de algunos países de América Latina que han creado leyes para combatir los ataques contra las mujeres en política, como Bolivia, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay. Por otro lado, ninguna democracia europea ha tomado una iniciativa similar ni ha implementado un mecanismo para corregir o sancionar a los medios de comunicación que no respeten la "perspectiva de género".