El presidente Dimas Gimeno y a la cúpula directiva de El Corte Inglés tendrán que comparecer ante el Juzgado número 46 de Madrid para explicar quién fue el destinatario final de los 19,5 millones de euros pagados a dos empresas, radicadas en los paraísos fiscales de Singapur y Emiratos Árabes, por “asesorar” en la venta del 10 por ciento de la cadena de distribución al jeque Al Thani de Qatar. La Justicia ha admitido a trámite la querella presentada por Carlota Areces, en la que sostiene que las comisiones “bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado”.
En agosto de 2015 la junta de accionistas de El Corte Inglés aprobó que el Emirato de Qatar se hiciese con el 10 por ciento de las acciones, para lo cual se modificaron los estatutos, eliminando los derechos preferentes de los antiguos propietarios en la venta de acciones y se dio luz verde para que un representante del jeque de Qatar, Hamadbin Jassimbin Jaber al Thani, se incorporase al consejo. El gigante español de la distribución malvendió este importante paquete accionarial al multimillonario empresario qatarí quien, a cambio de apuntalar un modelo de negocio en pérdidas, prestó 1.000 millones de eurosal interés leonino del 5,25%.
El juzgado 46 de Madrid admite la querella presentada por Carlota Areces por los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental
Al Thani obtuvo el citado 10 por ciento de las acciones al valorar el precio global de El Corte Inglés en 10.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que apenas dos años antes la sociedad de tasación Tinsa había valorado al gigante español de la distribución en 18.000 millones. Los consejeros que criticaron la entrada del jequefueron apartados con el argumento de “reiterados incumplimientos de la Corporación Ceslar a sus deberes legales como administrador”.
En realidad era una venganza contra Carlota Areces Galán, sobrina del fundador de El Corte Inglés, y cabeza de la Corporación Ceslar, por calificar de oscurantista la operación de Qatar y pedir explicaciones por los 19,5 millones de euros que se habían pagadoen concepto de “asesoría en la estructura y en la operación” a dos sociedades radicadas en paraísos fiscales: Noganoir Capital Pte. Ltd. de Singapur y Tereze Capital FZE de Emiratos Árabes.
Casi un año y medio después de la entrada del jeque Al Thani, el Juzgado número 46 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por la Corporación Ceslar, que posee el 9 por ciento de las acciones de El Corte Inglés, contra la cúpula del gigante de la distribución por los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental, vulneración al derecho de información y blanqueo de capitales, según publicaba el pasado 13 de marzo el digital “El Confidencial”.
La querella está dirigida contra el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, los consejeros Antonio Hernández-Gil, Manuel Pizarro, Carlos Anselmo Martínez Echevarría, Florentino Lasaga y Shahzad Shahbaz, el consejero del jeque Al Thani en El Corte Inglés, así como contra el supuesto asesor externo de la compañía David Barreiro y las citadas sociedades Noganoir Capital y Tereze Capital.
La Corporación Ceslar sostiene que las comisiones de 19,5 millones “bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado”
La Corporación Ceslar, que había reclamado sin éxito los contratos del pago de 19,7 millones antes de interponer la querella, sostiene que ese supuesto trabajo de intermediación nunca se produjo. “Ni ha existido esa labor de asesoramiento ni existe contrato de asesoramiento aportado a los consejeros", señala en su recurso. Y añade que esa cantidad “encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce y que bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado”. MIL21 publicó el 31 de agosto de 2015 que se sospechaba que el rey emérito Juan Carlos no había sido ajeno al asunto.
En el auto reproducido por “El Confidencial” la Audiencia Provincial ordena investigar los mencionados delitos y critica que el Juzgado número 46 de Madrid desestimase inicialmente la querella presentada por Ceslar en febrero de 2016,decisión que la entonces jueza sustituta despachó en un fin de semana. La Audiencia califica de “prematura” aquella resolución dado que se tomó “sin practicar la más mínima diligencia, cuando resulta manifiesta la gravedad de los hechos, habida cuenta del volumen económico del que se trata, la complejidad de los avatares relatados y la falta de periciales de naturaleza económica que expliquen los pormenores de los negocios realizados, incluyendo coste y personas beneficiadas”.
La cúpula de El Corte Inglés ha tratado de evitar desde noviembre del pasado año entregar al Juzgado 46 la documentación sobre los trabajos de asesoramiento de las dos empresas que cobraron los 19,5 millones de euros. Argumentan que se trata de información confidencial. Una excusa que no ha sido admitida por el juez que ha citado a Gimeno, Hernández-Gil, Pizarro, Martínez Echevarría, Lasaga y Shahbaz el próximo abril para que aporten los mencionados papeles.
El presidente Gimeno y varios consejeros del grupo declararon el pasado 6 de marzo en calidad de testigos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, tras la demanda interpuesta por la Corporación Ceslar contra la decisión de expulsarles del consejo de administración.El juez desestimó la petición de Carlota Areces de suspender la vista hasta que concluya la vía penal, que tiene lugar en el Juzgado 46 de Madrid.
“El Confidencial”recogió la versión de El Corte Inglés centrada en tres puntos: que a día de hoy ningún miembro de la cúpula de la empresa ha sido llamado a declarar como investigado (antes, imputado).En segundo término, la compañía asegura que no es verdad que sus abogados se negaran a entregar la documentación solicitada por el Juzgado de Instrucción 46, sino que sus representantes legales pidieron más tiempo para recopilarla y solicitaron que se les citara más adelante. Finalmente, que la Audiencia Provincial de Madrid que ha ordenado al Juzgado 46 admitir a trámite la querella “descarta por completo tanto la administración desleal como el blanqueo”.
El Corte Inglés arrastra en los últimos años una delicada situación que impide al grupo recuperar los niveles anteriores a la crisis, ante un modelo de negocio que se ha vuelto obsoleto, fundamentalmente, por tres factores: la pérdida de capacidad de consumo de la clase media española (históricamente su principal cliente), la población joven que compra su ropa en las tiendas de marcas populares como Zara y el crecimiento exponencial de las ventas online.
Este panorama ha generado que cerca de la cuarta parte de los centros comerciales registren pérdidas, lo que ha llevado a la dirección de los grandes almacenes a plantearse la venta de los centros deficitarios o, incluso, su cierre.
Medios financieros madrileños siempre pensaron que el jeque Al Tahni quiso hacerse desde un principio con el principal grupo de distribución español por una cantidad irrisoria, para después revenderlo por cinco veces más. Se trataría de la misma estrategia que hizo con Harrod’s, los míticos grandes almacenes londinenses. Ante un panorama tan difícil en los frentes de negocio, judicial y qatarí, los mismos medios estiman que están contados los días de Dimas Gimeno como Presidente de El Corte Inglés.