Avanza que, de no hacerlo, la otra salida “imprescindible” sería la celebración de elecciones generales, y es que “negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés del pueblo y que no está validada en las urnas porque los electores lo desconocían”.
Señala que, ante el mensaje subliminal de Sánchez de que hará todo lo posible para contentar a los independentistas y controlar la Justicia, él hará todo lo contrario: defender al Estado y la democracia en todo momento y garantizar la independencia del Poder Judicial, a la vez que advierte al jefe del Ejecutivo de que “no hay sentido de Estado en que el Gobierno someta las grandes decisiones al capricho de los partidos que quieren irse de nuestro país”.
Exige a Sánchez que pare la “escalda verbal sin precedentes” y la “concatenación de cesiones inaceptables” al independentismo porque lo que está ocurriendo no es algo puntual sino la “tónica habitual en una legislatura estrambótica”.
“Esto no es hacer historia, es deshonrar la tradición democrática de nuestro país” señala tras criticar que el Ejecutivo y sus socios hablen de golpes de Estado, califiquen a los jueces de fachas con toga y de cuestionar los procedimientos.
“Basta ya de impugnar el sistema que ha traído a nuestro país los 40 años de mayores libertades, mayor estabilidad política, libertad social y prosperidad económica de nuestra historia”, reclama.
Niega que la derogación del delito de sedición hecha a toda prisa en el puente de Todos los Santos, la rebaja de la malversación en el de la Constitución o la modificación de la elección del TC en víspera de la Navidad se deban a una defensa de los intereses generales. “Solo era y es urgente para el independentismo y que este siga apoyando a Sánchez”.
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, desmiente que el TC haya hurtado el debate parlamentario porque quien lo ha hecho ha sido el Ejecutivo, que con su “soberbia” le ha llevado a hacer todo lo contrario de lo que prometió, descalificando a cualquiera que disiente de sus opiniones y saltándose todos los trámites reglamentarios.
“Por muy Pedro Sánchez que se sea, no se puede pasar por encima de las leyes, de la Constitución y de la democracia” y añade: “no sé qué país pretenden el Gobierno, Podemos y los independentistas, pero esto es España y es un Estado de derecho”.
El dirigente popular advierte de que la Constitución protege, si hiciera falta, a todos los ciudadanos de su Gobierno, fuere el que fuere, y critica que el Ejecutivo haya convertido en noticiable el acatamiento de una sentencia. “¿Acaso no podrían acatar la sentencia?”, se pregunta.
Censura que el presidente del Gobierno esté trasladando a la política nacional actitudes que antes se habían visto en el proceso independentista y asegura que no solo cede ante ellos sino que copia también su estilo de hacer política.
Considera que es falso que Sánchez no tuviera otro camino antes de su propuesta para la renovación del TC porque, según ese razonamiento, tampoco habría existido otra opción que pactar con los golpistas el 23-F, con los terroristas de ETA o los sediciosos independentistas.
“Cada vez que la democracia ha estado amenazada, los grandes partidos optamos por darnos la mano y utilizar la ley. La diferencia es que ahora la ley se adapta al antojo del Gobierno”, y añade: “Sería fundamental que en nuestro país se consensue el Código Penal y que el Gobierno, en aquello que legítimamente quiera proponer primero lo someta a los órganos de consulta vinculantes o no preceptivos como el Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal”.
Sobre las críticas “virulentas” al mandato prorrogado del actual presidente del TC, recuerda que ha habido otros como González Rivas que tuvo el mandato prorrogado durante 18 meses o el de María Emilia Casas con 41 meses, dentro de los cuales se dictó la sentencia del Estatut de Cataluña.
Por último, subraya que querer hacer una nueva ley orgánica del CGPJ y profundizar en la independencia de los jueces y la despolitización de la Justicia es incompatible con la politización del Código Penal, la ruptura y la anulación de las sentencias del TS en los delitos de sedición y malversación.