El Grupo Parlamentario de VOX ha solicitado, ante la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC), “la suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa en el Senado, en tanto no se resuelve el recurso de amparo, para evitar los perjuicios irreparables que de continuarse la tramitación, y votarse en el Senado, se producirían con advertencia de que incurrirá en nulidad radical y consiguiente ineficacia cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión solicitada”.
En su recurso, VOX afirma que “el evidente fraude de ley se aprecia, pues, por un lado, al emplear un procedimiento legislativo inadecuado, el de Proposición de Ley Orgánica, en vez de Proyecto de Ley Orgánica, con la exclusiva finalidad de eludir el debate parlamentario y la intervención de todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales, y todas las garantías legales” que deben acompañar el proyecto de Ley.
Sobre la renovación de los miembros del TC y del poder judicial propuesta por el Gobierno, el partido que preside Santiago Abascal asegura que “las modificaciones propuestas de la composición del Tribunal Constitucional y del CGPJ van dirigidas al control gubernamental de tales órganos”, y también “a privar al Tribunal Constitucional de la competencia lógica y constitucional de verificar los requisitos formales e idoneidad de los Magistrados propuestos por los órganos que recoge el art. 159 CE”. Para VOX, el trámite actual propicia que “la renovación de los magistrados del TC no se haga por terceras partes cada 3 años, como exige el art. 159-3 de la Carta Magna, sino por sextas partes, y eliminando la verificación de las exigencias formales y materiales en cuanto a los propuestos”.
Asimismo, VOX advierte de que “la finalidad de este desmontaje de los elementos que dotan de control y equilibrio a la democracia “no es otro que, ya sin impunidad ni responsabilidad penal alguna, permitir que se atente contra la configuración de España establecida en el artículo 2 de la Constitución”, que declara “la indisoluble unidad de la Nación española”.
Por otra parte, los tres senadores de VOX, José Manuel Marín, Yolanda Merelo y Pepa Millán, han solicitado a la Mesa del Senado “la inmediata suspensión de la tramitación prevista de la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”.
Los senadores de VOX, al igual que los Diputados, aseguran que en la sesión de ayer se vieron privados del procedimiento reglamentariamente previsto, “y compelidos a intervenir en un procedimiento legislativo inadecuado […] que supone la supresión de una serie de trámites, restringiendo indebidamente nuestras facultades de participación en la formación de la voluntad de la cámara”, asegura el escrito.
Vox acusa, además, a la Mesa de la Cámara de haber aceptado así “el evidente fraude de ley procedimental, lo que supone una restricción y perturbación de las facultades que, como representantes públicos, nos asisten en el ejercicio del ius in officium”, apelando al art. 23.2 de la Constitución Española, y recordando que el propio TC lo determinó (STC 47/2018).
Por los mismo motivos debe denunciarse la admisión de las enmiendas 61 y 62 presentadas a dicha propuesta normativa, así como las decisiones de no requerir la incorporación al procedimiento de informe por parte del CGPJ y el mismo Tribunal Constitucional así como del Secretario General o el correspondiente Letrado de Cortes Generales, rechazando las solicitudes formuladas por los representantes de este Grupo Parlamentario ante la misma Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, formuladas todas ellas al amparo del artículo 23 de la Constitución Española.