En principio, habría pasado por la revista Interviú, el director general del Grupo Zeta, el digital OK Diario, y Pablo Iglesias, quien se la habría devuelto a su entonces asesora. Un tarjeta que también habría estado en el domicilio de José Villarejo.
Tras diferentes y contradictorias declaraciones, la Vicesecretaría Jurídica de VOX, que dirige Marta Castro, ha presentado, ante el Juzgado de Instrucción de Alcorcón (Madrid) una querella con Dina, y Ricardo Antonio De Sa Ferrerira, por simulación de delito, recogido en el artículo 457 del Código Penal (C.P.); estafa procesal, artículo 250.1.7ª C.P; y falso testimonio, contemplado en el artículo 458 del C.P.
La tarjeta es recuperada, y los querellados son conscientes de ello, en el verano de 2016. Sin embargo, tanto Dina como Sa Ferreira presentan una ampliación de la denuncia con posterioridad, concretamente el 2 de agosto. Un hecho que ha sido reconocido por los querellados, como recuerda Castro en su escrito al Juzgado, quien adjunta el procedimiento de diligencias de la pieza separada que lleva el Juzgado de Instrucción número seis de Madrid. Por ello, VOX justifica que «esta acción se mantiene en los ulteriores escritos presentados». «Con la infracción referida se reprocha la puesta en marcha, de manera fraudulenta, del sistema institucional de averiguación del delito y castigo del delincuente», apostilla la querella.
También hace hincapié la Vicesecretaría Nacional Jurídica en el cambio de versión de Dina respecto al funcionamiento de la tarjeta SIM de su teléfono móvil, que, en un primer momento, aseguró que no puso visionar el contenido de la misma, versión que fue cambiada por ella misma con posterioridad, quien admitió haber podido ver el contenido en un ordenador junto a Pablo Iglesias.
Dentro del marco de la pieza separada que se tramita por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, los querellados «han faltado a la verdad, de forma deliberada y consciente, con la espuria intención de mantener abierto un procedimiento penal contra unas determinadas personas como presuntos autores de un delito de revelación de secretos».
El periodo en el que se habrían realizado los actos delictivos se habría producido desde la entrega de la tarjeta por parte del director del Grupo Zeta hasta que Iglesias se la entrega a Dina y le advierte de que algunas fotos han sido publicadas en un medio digital. Respecto al exdirigente de Podemos, el Juzgado de instrucción número seis, recuerda Castro, envió al Tribunal Supremo una exposición razonada donde se infieren «la existencia de indicios razonables de la participación delictiva de personas aforadas». Y es que en aquel momento procesal, Iglesias era ya vicepresidente segundo del Gobierno.
Por ello, VOX solicita al Juzgado que tome declaración a los querellados; que se añada a las actuaciones nuevas la copia íntegra testimoniada del procedimiento de la pieza separada número 10 de diligencias previa, que tramita por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, con inclusión de las grabaciones de las declaraciones. Y que se añada también a las presentes actuaciones copia íntegra testimoniada del procedimiento de diligencia que se ha tramitado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcorcón.