Un informe largamente esperado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lo que China denomina la Región Autónoma Uigur de Xinjiang ha concluido que se han cometido "graves violaciones de los derechos humanos" contra los uigures y "otras comunidades predominantemente musulmanas".
El informe publicado esta semana tras la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en mayo, afirma que "las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género".
En una evaluación redactada con firmeza al final del informe, la Oficina dice que el alcance de las detenciones arbitrarias contra los uigures y otras personas, en el contexto de "las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad".
La Oficina señala que el informe del miércoles está "basado en una rigurosa revisión del material documental del que dispone actualmente la Oficina, y que su credibilidad está evaluada de acuerdo con la metodología estándar de los derechos humanos".
"Se prestó especial atención a las propias leyes, políticas, datos y declaraciones del Gobierno. La Oficina también solicitó información y entabló un diálogo e intercambios técnicos con China a lo largo del proceso".
Publicado en el último día de los cuatro años de mandato de Bachelet, el informe dice que las violaciones se han producido en el contexto de la afirmación del Gobierno chino de que está persiguiendo a los terroristas entre la minoría uigur con una estrategia de lucha contra el extremismo que implica el uso de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional o campos de reeducación.
ONU Derechos Humanos dijo que la política del Gobierno en los últimos años en Xinjiang ha "conducido a patrones interconectados de restricciones severas e indebidas en una amplia gama de derechos humanos".
Aunque el sistema de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional, como dice China, "se ha reducido en su alcance o se ha disuelto", el informe recuerda que "las leyes y las políticas que lo sustentan siguen vigentes", lo que lleva a un mayor uso del encarcelamiento.
Los sistemas de detención arbitraria y los patrones de abuso relacionados desde 2017, dice la Oficina de la Alta Comisionada, "se producen en el contexto de una discriminación más amplia" contra los uigures y otras minorías.
"Esto ha incluido restricciones de gran alcance, arbitrarias y discriminatorias sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, en violación de las leyes y normas internacionales", incluyendo restricciones a la libertad religiosa y a los derechos a la privacidad y a la circulación.
Además, el informe señala que las políticas del Gobierno chino en la región han "trascendido las fronteras", separando a las familias, "cortando" los contactos y produciendo "pautas de intimidación y amenazas" contra la diáspora uigur más amplia que ha denunciado las condiciones en su país.
La Oficina de la Alta Comisionada dice también que el gobierno chino "tiene el deber primordial de garantizar que todas las leyes y políticas se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos y de investigar sin demora cualquier denuncia de violación de los derechos humanos, de garantizar la rendición de cuentas de los autores y de ofrecer reparación a las víctimas".
Entre las recomendaciones que la oficina de derechos de la ONU hace en el informe, está la de que el gobierno tome "medidas rápidas" para liberar a todas las personas encarceladas arbitrariamente en la Xinjiang, ya sea en campamentos o en cualquier otro centro de detención.
China debe comunicar a las familias el paradero de todas las personas que han sido detenidas, facilitando su ubicación exacta, y ayudar a establecer "canales seguros de comunicación" y permitir que las familias se reúnan, señala el informe.
También pide a China que lleve a cabo una revisión jurídica completa de sus políticas de seguridad nacional y antiterrorista en Xinjiang, "para garantizar su plena conformidad con el derecho internacional vinculante en materia de derechos humanos" y que derogue cualquier ley que no cumpla las normas internacionales.
También pide que el gobierno investigue sin demora las denuncias de violaciones de derechos humanos en los campamentos y otros centros de detención, "incluidas las denuncias de tortura, violencia sexual, malos tratos, tratamiento médico forzado, así como trabajos forzados e informes de muertes bajo custodia".
En una larga y detallada respuesta publicada junto con el contundente informe, el Gobierno chino afirmó, a modo de conclusión, que las autoridades de la región de Xinjiang actúan según el principio de que todos son iguales ante la ley, "y la acusación de que su política está 'basada en la discriminación' carece de fundamento".
China dijo que sus esfuerzos antiterroristas y de "desradicalización" en la región, se habían llevado a cabo de acuerdo con "el estado de derecho" y de ninguna manera se sumaban a la "supresión de las minorías étnicas".
Sobre la cuestión de los campos, Pekín respondió que los centros de formación profesional son "instalaciones de aprendizaje establecidas de acuerdo con la ley y destinadas a la desradicalización" y no "campos de concentración".
"Los derechos e intereses legítimos de los trabajadores de todos los grupos étnicos de Xinjiang están protegidos y no existe el ‘trabajo forzoso’", dice el comunicado de China, que añade que no se ha producido ninguna "violación masiva de derechos".
La declaración pide a la comunidad internacional que sea "clara en cuanto a la verdad" de su campaña antiterrorista en la región, y que "vea a través de las torpes actuaciones y los motivos maliciosos de las fuerzas antichinas de Estados Unidos y Occidente, que intentan utilizar Xinjiang para contener a China".
Pide, además, que la ONU y otras organizaciones internacionales investiguen "los desastres en materia de derechos humanos causados, y los numerosos crímenes cometidos, por Estados Unidos y algunos otros países occidentales, tanto en su país como en el extranjero".
La jefa de derechos humanos emprendió su misión en mayo, por invitación del gobierno chino, y visitó la Xinjiang para examinar la situación en ese país.
Durante su misión, Bachelet habló con diversos funcionarios del gobierno, varias organizaciones de la sociedad civil, académicos y líderes comunitarios y religiosos. Además, se reunió con varias organizaciones en línea antes de la visita, sobre temas relacionados con la provincia de Xinjiang, el Tíbet, Hong Kong y otras partes de China.
Al final de su visita, aunque expresó su preocupación por cuestiones relacionadas con Xinjiang, Tíbet, Hong Kong, los defensores de los derechos humanos y los derechos laborales, y también elogió los "enormes logros" de China en la mitigación de la pobreza, y la erradicación de la pobreza extrema, 10 años antes de la fecha prevista.
Bachelet acogió con satisfacción otros avances en el país, como la legislación que mejora la protección de los derechos de las mujeres y el trabajo que realizan las ONG para promover los derechos de las personas LGBTI, las personas con discapacidad y las personas mayores.
La responsable de velar por los derechos humanos en el mundo subrayó el importante papel que tiene que desempeñar China, a nivel regional y multilateral, y señaló que todas las personas con las que se reunió en su visita, desde funcionarios del gobierno, a la sociedad civil, la academia, los diplomáticos y otros, demostraron una sincera voluntad de avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos para todos.