Las familias afrontan este mes de septiembre la vuelta al cole más dura desde el pasado siglo. Con el Índice de Precios al Consumo (IPC) por encima del 10% – al 10,4%-, los españoles tienen que asumir la compra de libros, material escolar, uniformes o ropa, comedor, colegio y extraescolares, al margen de pagar un recibo eléctrico disparado y una cesta de la compra prohibitiva. Al otro lado de la balanza, un Gobierno que no toma medidas, y bate récords de recaudación fiscal.
Desde su nacimiento, VOX ha tenido como objetivo convertir la educación en un ascensor social que permita a los jóvenes españoles alcanzar sus metas sin que sus condiciones sociales o económicas supongan un impedimento para su progreso. «Ningún español puede quedarse sin estudiar por falta de recursos económicos», recoge la Agenda España. Para ello, la formación que preside Santiago Abascal propone el cheque escolar con el objetivo de que las familias elijan libremente el modelo educativo que desean, sin que su situación económica o social sea un impedimento para ello.
Sin embargo, es imposible alcanzarlo con el sistema de bienestar blindado para la clase política, del que disfruta el Gobierno, y el gasto de mantener otros 17 gobiernos autonómicos. En definitiva, y como ha insistido Abascal desde 2014, «o el bienestar de los políticos, o el bienestar de los españoles». VOX elige el de los españoles.
De manera que la Agenda España asume, al contrario que el Ejecutivo del PSOE y de Unidas Podemos, la necesidad de una «fiscalidad para la prosperidad». Bajo el imperativo de «proteger a los españoles y garantizar la permanencia y el fortalecimiento de su estado de bienestar», que se llevaría a cabo aumentando la inversión en Sanidad, Educación, Dependencia, Pensiones e Infraestructuras». A cambio se reduciría «todo el gasto político innecesario». Es decir, fin a las duplicidades administrativas, reducir el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminar con el despilfarro político. Porque «los impuestos han de ir destinados a mejorar las condiciones materiales de vida de los españoles».
De momento, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, cuya bandera es «poner a las familias en el centro de todas las políticas», anunció hace unos días que las familias castellanas y leonesa, con hijos nacidos en 2020 se ahorrarán en torno a 2.000 euros anuales, ya que se convierte la educación en gratuita en el primer ciclo de infantil.
Gallardo explicaba la medida: «Con la natalidad por los suelos y con una subida bestial del coste de vida para las familias, en Castilla y León vamos a ahorrar 2.000 euros a los padres con niños de 2 a 3 años» porque «nuestro deber es intentar revertir el invierno demográfico. Y ya hemos empezado».
VOX defiende la urgencia de aplicar estas medidas, que el consenso progre no quiere escuchar. Sin embargo, la situación de los españoles es cada vez más insostenible. Precisamente, la senadora de VOX por Andalucía, Pepa Millán, en su primera pregunta parlamentaria al Ejecutivo se ha interesado, por la situación de los menores españoles. Y es que, de acuerdo con la tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) entre 2015 y 2021, el porcentaje de pobreza infantil se ha situado en el 31,8%.
Millán advierte de que, mientras, en este periodo, la misma tasa se ha reducido en la Unión Europea, que ha pasado del 27,5% al 24,2%. Además, la senadora recoge los datos del el índice de miseria de España, que también supera el de la media europea, al encontrarse en el 23,40%, «muy por encima del 15,5% de la eurozona y del 15,6 % de la Unión Europea». Por ello, ha preguntado al Gobierno «qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para asegurar, en el área de su responsabilidad, el bienestar de los niños y adolescentes».
Para la senadora Andaluza, la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores se debe a distintos factores. Uno de ellos es la «inflación desbocada; y también se refiere a la tasa de paro de España, que es la más alta de la eurozona, un 12,6%, el doble que la media de la Unión. A lo que se suma la advertencia del propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá Belmonte, quien ya ha avanzado ya que en agosto se prevé la destrucción de 187.000 puestos de trabajo.
En este contexto, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha declarado que hay que volver a aumentar el Salario Mínimo Interprofesional. «Se trata de una medida positiva, siempre que se acompañe de reducciones de las cotizaciones sociales de modo que los incrementos salariales no amenacen a la creación de empleo», advierte la senadora porque «de lo contrario, el paro seguirá aumentando, impulsado además por la asfixia fiscal en la que se encuentran los autónomos y pymes». Es decir, el aumento del SMI engrosará la recaudación del Gobierno. Por ello, Millán ha preguntado al Gobierno si «tiene intención de hacer frente a la crisis impulsando reducciones de impuestos para favorecer la actividad económica y el consumo de las familias».