La noticia desató un aluvión de comentarios en redes sociales, ya que, entre las medidas, destacaban la posibilidad de movilizar a cualquier ciudadano mayor de edad, el acceso temporal a bienes públicos y privados y la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades.
'France 24' sostenía que, en plena pandemia, "la maquinaria del Estado echó a andar", en lo que las autoridades calificaron de "tiempos de guerra". El 14 de marzo de 2020, cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, decretó el Estado de Alarma ante la irrupción del coronavirus, así se pronunció en su popular discurso, visto por 17 millones de españoles: "Movilizaremos todos los recursos del estado, económicos, sanitarios, civiles y militares para la protección de todos los ciudadanos".
El anteproyecto de una reforma de la Ley de Seguridad Nacional fue desvelado por el diario 'El País', y es que el Ejecutivo aspiraba a poder movilizar, incluso, a sus ciudadanos y empresas.
Pero las informaciones iban más allá, y sostienen que el Consejo de Ministros de justo hace un año habría hecho una primera lectura del proyecto y que podría ser aprobado y enviado al Congreso.
El texto se basa en el artículo 30 de la Constitución, concretamente el apartado número 4, que establece que “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. Sin embargo, queda por ver cómo se soluciona legalmente que sea una ley ordinaria y no orgánica. Estas últimas son las únicas que pueden afectar los derechos fundamentales.
Tal y como publicó 'El País', el nuevo texto contemplaría que se pueda movilizar a toda persona mayor de edad para que pueda llevar a cabo sus "prestaciones personales", cuando se dé una "situación de interés para la seguridad nacional".
Además, de salir adelante se establecería que mientras dure la emergencia el Estado pueda tener acceso temporal a bienes así como suspender todo tipo de actividades. Los afectados podrían recibir una indemnización, excepto cuando un ciudadano sea movilizado para ofrecer una prestación personal.
La nueva ley también afectaría a los medios de comunicación, los cuáles estarían obligados a difundir informaciones preventivas u operativas, que sean consideradas desde las autoridades.
También trata de proteger el músculo industrial nacional. Una de los principales objetivos es que no se vuelvan a repetir momentos de desabastecimiento de productos, como sucedió en marzo de 2020, cuando la pandemia se desató con virulencia en España.
A la escasez se le sumó la especulación internacional, con la que los países productores ponían restricciones a las exportaciones. La nueva ley espera que se pueda proporcionar el material de emergencia, a partir del autoabastecimiento.
En este sentido, se buscará culminar la Reserva Estratégica Basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que fue aprobada en octubre de 2020. Un mecanismo para asegurar la producción de material estratégico como componentes electrónicos, tecnología de la comunicación o equipos sanitarios.
Por último, se espera que el Consejo de Seguridad Nacional elabore un catálogo de recursos humanos y materiales, de propiedad pública y privada, con el que se pueda tener constancia de las capacidades de las que dispone el Estado.
El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano que fue creado en 2013 con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Es el máximo órgano en materia de seguridad nacional y es una Comisión Delegada del Gobierno, que se reúne a iniciativa del presidente, y que en caso extremo, también podría ser presidida por el Rey.
En 2015, durante el Gobierno de los conservadores del Partido Popular, se hizo la primera Ley de Seguridad Nacional, que establecía las funciones del Consejo de Seguridad Nacional.
Tras la pandemia, el nuevo Ejecutivo de centro-izquierda formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos han decidido actualizar la norma con la experiencia adquirida en la lucha contra el coronavirus.
Una nueva ley que no gusta en la oposición. Pablo Casado, el hasta hace poco líder de los populares, pese a lo conservador de la norma, la rechazó de pleno, algo que ha repetido su sucesor, Alberto Núñez Feijóo: “Presentan una ley de la mili, pero sigue sin haber una ley de pandemias”.
La utilización para elaborar la ley del artículo 30 de la Constitución, donde estaba recogido el derogado servicio militar obligatorio, en el apartado nº 2, fue utilizado por el conservador para criticar la medida, calificándola de restrictiva para las libertades.
Con la celebración de la Cumbre de la OTAN se habría rescatado todo esto, tal y como indican fuentes cercanas a aquella información que se publicó en nuestro país vecino, y es que los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez habrían ido más allá que lo que finalmente ha trascendido a la opinión pública, algo que veremos reflejado la próxima semana durante el primer Debate del Estado de la Nación en siete años (no se celebraba otro desde el año 2015), y que se irá apuntalando con el paso del tiempo, antes de las elecciones generales del próximo año, cuando se espera que la estrategia del PSOE pase por un viraje hacia el centro, con el fin de mantener el Gobierno de coalición que disfruta ahora con Unidas Podemos, pero en esta ocasión de la mano de 'Sumar', el proyecto de Yolanda Díaz en solitario, cuya labor en el seno del Ejecutivo no ha terminado de disgustar al ala socialista, por lo que podrían elegirla como compañera en su nuevo intento de revalidar el título para mantenerse en La Moncloa.