No es la primera vez que VOX pregunta a la Comisión Europea por delincuentes de Podemos condenados por violencia e intimidación en el ejercicio de la acción política.
Ya en noviembre de 2021, el Portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, remitió a Von der Leyen un listado de políticos de Unidas Podemos condenados y/o detenidos por actos violentos, y transmitió su preocupación de que esto pudiera afectar a la democracia y a los procesos electorales.
En su respuesta, el pasado mes de abril, la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, contesto al Jefe de Delegación de VOX para darle la razón en cuanto al riesgo que representan comportamientos violentos por parte de atores políticos, señalando que “es esencial que haya un debate democrático abierto y plural y un proceso político en el que todos podamos participar sin ser objeto de violencia e intimidación”.
Entre dicho listado de políticos implicados en actos violentos que fue facilitado a la Comisión, se encontraba Isabel Serra, miembro de Podemos, que fue condenada en 2020 a 19 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo, en una sentencia ratificada en 2021 por el Tribunal Supremo, por atentado contra la autoridad, lesiones y daños, al haber insultado, agredido y lanzado objetos contra agentes de la autoridad durante un desahucio. Si bien no tuvo que ingresar en prisión al ser una condena inferior a 2 años, Serra cuenta con antecedentes penales, y tuvo que dimitir como Diputada de la Asamblea de Madrid, y fue posteriormente recolocada a dedo como asesora del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero.
En esta ocasión, Buxadé ha informado sobre el viaje oficial de Irene Montero esta semana, que ha realizado acompañada, entre otras, por su asesora Isabel Serra, como recoge la agenda oficial y las numerosas fotos de sus paseos por Washington DC y Manhattan. Y es que, como ha recordado el Portavoz de VOX, para entrar en Estados Unidos es necesario presentar el documento ESTA (‘Electronic System for Travel Authorization’) o un visado emitido por la embajada, siendo obligatorio declarar todos los antecedentes penales, condenas y detenciones, y contestar a preguntas como «¿Alguna vez le han arrestado o condenado por un delito que provocó daños graves a la propiedad a otra persona o autoridad gubernamental?”, cuya respuesta en el caso de Isabel Serra sería afirmativa. Mentir en la solicitud de entrada puede suponer un grave crimen federal, castigado con años de prisión.
Con su solicitud, Jorge Buxadé reclama a la Comisión Europea evitar que “conductas de violencia e intimidación por parte de cargos públicos queden impunes” y pide valore si es “preocupante” la posible utilización de instituciones y medios oficiales del Estado para encubrir el historial criminal de Isabel Serra. Así mismo, en el marco de la política de visados, pregunta a la Comisión si comportamientos irregulares como el del gobierno español pueden “afectar negativamente a la situación de reciprocidad con Estados Unidos”.