La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundua, ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y a su vicepresidente, Margaritis Schinas, que valoren las violaciones del Estado de Derecho en Cataluña antes de “normalizar” sus relaciones con el Govern.
Reunión con Pere Aragonés
Tras conocerse que Schinas se reunirá con el presidente Pere Aragonés el próximo 30 de junio en Barcelona, Pagaza ha enviado a ambos dirigentes una carta en la que les recuerda que el Ejecutivo catalán actúa contra el Estado de Derecho de manera constante y les remite el detallado informe sobre las violaciones de las libertades civiles por parte de la Generalitat que envió a la Comisión Europea el pasado 30 de mayo.
También subraya los contactos demostrados entre los servicios de inteligencia rusos y una parte del secesionismo catalán en el Gobierno, dentro de la estrategia de Putin de desestabilizar el Estado de Derecho en la UE.
Una autonomía que 'desacata constantemente' el Estado de Derecho
El objetivo de Pagaza con esta iniciativa es que Von der Leyen y Schinas analicen toda la información “antes de ‘normalizar’ las relaciones con un gobierno autonómico que desacata constantemente el Estado de Derecho y los valores del articulo 2 del Tratado de la Unión, afectando de forma evidente a la esencia de la democracia europea, de la cual la Comisión, como guardiana de los tratados, debe ser consciente”.
El demoledor informe de Pagaza recoge los ataques contra el derecho a la igualdad de trato y derecho a la educación, tanto en la enseñanza obligatoria como secundaria y universitaria, con especial énfasis en la hostilidad, acoso y ‘bullying institucional’ hacia las familias que abogan por una educación que incluya el español como lengua vehicular, porque actualmente solo es en catalán.
También incluye ataques a la libertad de expresión, la libertad ideológica y libertad de asociación; se constata vulneración de los derechos fundamentales por acción y por omisión en la Universidad, ataques al pluralismo y persecución de las organizaciones estudiantiles, y actuaciones discriminatorias contra estudiantes constitucionalistas como S’ha Acabat!. “Todos estos ataques son prácticas discriminatorias con la pasividad del Gobierno central”, apunta la eurodiputada.
Además, detalla la vulneración de los derechos de representación política de las formaciones constitucionalistas y cómo el ultranacionalismo dominante ha utilizado la Mesa del Parlamento de manera partidista. Los ataques a la separación de poderes y el desacato a distintas sentencias judiciales han provocado que, hasta en ocho ocasiones, el Tribunal Constitucional haya estimado recursos por vulneración del derecho de los parlamentarios a ejercer sus funciones y declarado nulos acuerdos de la Mesa.
Un más que necesario análisis del informe
“Es preciso recordar que las tradicionales relaciones políticas estrechas entre las instituciones europeas y Cataluña se vieron truncadas en octubre de 2017, con motivo de la Declaración unilateral de ruptura del Estado de Derecho promovida por el independentismo, anulando la separación de poderes entre otros graves delitos”, señala Pagaza, quiere recuerda que dicha declaración fue abortada gracias a la aplicación por primera vez en democracia del artículo 155 de la Constitución.
La eurodiputada pide un análisis de todo ello a Von der Leyen y Schinas antes del encuentro con Aragonés, porque “los 40 años de ultranacionalismo dominante en Cataluña han generado una situación cronificada con riesgos de naturaleza sistémica en materia de Estado de Derecho respecto a la cual la Comisión debe actuar, exigiendo a España que asuma sus responsabilidades”.
Pagaza está desarrollando un intenso trabajo para lograr que la Comisión Europea pueda intervenir también en casos de violación de los derechos fundamentales por parte de poderes subestatales como la Generalitat catalana, en el caso de países fuertemente descentralizados como España. “La descentralización genera grandes capacidades políticas en entidades subestatales, que también pueden vulnerar los derechos fundamentales y no tenemos bien articulada la culpa ‘in vigilando’ de los Estados miembros y la protección efectiva comunitaria”, ha explicado la eurodiputada.