Al cumplirse un mes de la conquista de la ciudad ucraniana de Mariúpol por las tropas rusas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos calcula que hasta el 90% de los edificios residenciales de esa localidad han sido dañados o destruidos, así como hasta el 60% de las casas particulares, y que 350.000 personas se han visto obligadas a abandonar esa localidad.
“La situación humanitaria es devastadora, y los civiles siguen siendo los más afectados por este conflicto”, afirmó Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos en el transcurso de una actualización oral dedicada a la toma de esa urbe.
Y declaró que “la intensidad y el alcance de las hostilidades, la destrucción y los muertos y heridos sugieren claramente que se han producido graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”.
Como ejemplo, puso el ataque aéreo ruso contra el teatro de Mariúpol, el 16 de marzo, como uno “de los ejemplos más mortíferos y representativos de los daños causados a la población civil”. En el teatro había cientos de civiles escondidos en su interior con carteles que decían claramente "niños", visibles desde el cielo.
Si bien aclaró que, debido a la situación de seguridad sobre el terreno, su Oficina no tiene acceso al territorio bajo control ruso y sus grupos armados afiliados, indicó que su equipo pudo documentar la coyuntura mediante conversaciones directas con personas que abandonaron la localidad, comunicándose a distancia con los individuos que permanecieron en la ciudad, recopilando y analizando la información disponible públicamente y utilizando imágenes por satélite.
En el bando de las bajas, la Oficina de Bachelet pudo verificar la muerte de 1348 civiles relacionadas directamente con las hostilidades en Mariúpol, 70 de ellas niños.
Los fallecimientos se produjeron por ataques aéreos, bombardeos de tanques y artillería y armas pequeñas y ligeras durante los combates callejeros. Es probable que el número real de muertos en las hostilidades entre los civiles sea miles de veces mayor.
“Se han encontrado cadáveres en fosas individuales o colectivas improvisadas en patios, calles y parques, en casas y apartamentos sin vigilancia. Muchos (de estos cuerpos) aún no han sido enterrados”, aclaró.
Sin embargo, especificó que será imposible conocer el número exacto de las bajas civiles causadas directamente por las hostilidades, y las causadas por la falta de alimentos, agua, atención médica u otras causas, hasta que no se recuperen e identifiquen todos los cadáveres, y se establezca su condición, si son militares o civiles, y las causas exactas de la muerte.
La Alta Comisionada recordó que las fuerzas armadas rusas comenzaron a rodear Mariúpol a principios de marzo, y que los civiles que intentaron abandonar la ciudad lo hicieron corriendo un riesgo considerable.
El 10 de marzo la ciudad ya estaba completamente rodeada por las fuerzas armadas rusas y sus grupos armados afiliados. Aunque las evacuaciones se sucedieron a lo largo de todo el mes, la gente se vio obligada a abandonar Mariúpol en cualquier dirección posible.
Con relación a las infraestructuras, explicó que todos los hospitales que podían atender a civiles heridos resultaron dañados o destruidos, incluidos los departamentos de atención infantil del hospital número 3 de Mariupol. Los hospitales dejaron de funcionar a finales de marzo debido a los daños que sufrieron y la falta de suministros médicos y electricidad.
Los cortes de agua, gas y electricidad empezaron a inicios de marzo cuando todavía se registraban temperaturas bajo cero, una situación que obligó a las personas a resguardarse día y noche en sótanos y apartamentos fríos
“Las personas mayores y los discapacitados a menudo estaban confinados en sus apartamentos. Muchos murieron por los bombardeos, mientras que otros se quemaron o se asfixiaron en incendios que no pudieron ser extinguidos por la falta de servicios de bomberos”, declaró.
La escasez de agua potable provocó que la gente tuviera que emprender largos y peligrosos viajes a pozos o embalses para conseguirla, mientas que otras personas se vieron obligadas a derretir la nieve o a beber agua extraída de los coches u otros equipos.
“El sistema de alcantarillado centralizado dejó de funcionar. No sólo escaseaban los suministros de alimentos, sino que la gente tenía que salir durante los combates y bajo los bombardeos para cocinar en fuegos al aire libre”, destacó.
Bachelet cifró en 2000 el número de soldados ucranianos tomados como prisioneros de guerra en Mariúpol desde principios de marzo. Además, su Oficina recibió denuncias de la muerte de un soldado ucraniano que estaba fuera de servicio y de malos tratos a varios otros.
Añadió que, al no tener acceso a los prisioneros de guerra en el territorio controlado por las fuerzas armadas rusas y los grupos armados afiliados, no pudo evaluar las condiciones de detención y el trato dispensado a los prisioneros.
La Alta Comisionada describió la actual situación de Mariúpol como “grave”, ya que pese a la ausencia de bombardeos “queda una ciudad destrozada y agotada, en la que los residentes restantes luchan a diario con un acceso limitado a los servicios básicos y sociales, como la atención médica”.
“Muchas personas ya no tienen un lugar donde vivir o viven en apartamentos dañados, a menudo sin ventanas, electricidad, gas y agua corriente. Muchas personas dependen en gran medida de la ayuda humanitaria de las fuerzas armadas rusas y de los grupos armados afiliados, y no tienen medios para ganarse la vida”, describió.
Finalmente, expresó su preocupación por el llamado proceso de "filtración" de civiles, que supuestamente implica la toma de decisiones arbitrarias, intimidación y humillaciones, que podrían equivaler a malos tratos, así como los casos denunciados de separación familiar y amenazas al derecho a la vida privada.