La juez Stephanie Garcia ha enviado una comisión rogatoria a España para que se localice a Rajoy y a los otros cinco imputados, entre ellos, dos relevantes miembros de la policía patriótica, y se les comunique que deben personarse en la causa mediante abogado y en calidad de investigados, tal y como ha adelantado Fuentes Informadas.
Haciéndonos eco de las informaciones de Ángel Zafra y que hemos podido contrastar en los audios que llegaron a nuestra redacción, ahora sabemos que una juez de Andorra ha imputado al ex presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy y a sus ministros Cristóbal Montoro (Hacienda) y Jorge Fernández Díaz (Interior) por las coacciones e información falsa que supuestamente toleraron y promovieron a partir de 2014 a través de la llamada policía patriótica contra la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial Banco de Madrid para que les facilitasen información bancaria sobre los líderes secesionistas; entre ellos, la familia Pujol y el exconsejero Oriol Junqueras.
La juez Garcia activa de esta forma las querellas que interpusieron en 2016 y 2017 los máximos responsables de la BPA, los hermanos Cierco, y un grupo de accionistas de la entidad, por al menos seis delitos, contra las autoridades españolas por los hechos que desembocaron en la intervención de esta entidad por parte de los Gobiernos de España y Andorra, y que estaban basados en los bulos y mentiras que divulgó la élite policial española sobre la BPA ante el FinCen, el organismo antifraude bancario de Estados Unidos. La idea fue hundir a la BPA (acabó intervenida) ante la errónea creencia de que la familia Pujol y otros lideres independentistas catalanes ocultaban dinero allí y que la BPA se negaba a facilitarles las cuentas bajo cuerda. La intención de los agentes era filtrar las cuentas a la prensa para desgastar a los independentistas. La realidad, sin embargo, era que los citados líderes secesionistas no guardaban dinero en esta entidad sino, como en el caso de la familia Pujol, lo escondían en Suiza y también, supuestamente, en la otra entidad del Principado.
La policía patriótica, según los audios del comisario José Manuel Villarejo a los que tuvo acceso Fuentes Informadas y que también llegaron a este periódico, engañó al FinCen norteamericano con todo tipo de embustes y mentiras sobre la solvencia de la BPA, así como con falsas prácticas de blanqueo de capitales en la entidad por parte de ciudadanos rusos y venezolanos. Los americanos terminaron creyéndose los bulos y la oficina antifraudes de EE UU, el FinCen, difundió una dura nota contra la entidad que hizo cundir el pánico entre sus clientes, lo que desembocó a continuación en su intervención por parte de los Gobiernos de España y Andorra. Tales falsedades significaron la caída tanto de la BPA como de su filial Banco de Madrid, entidades que en ese momento se situaban entre las más solventes de toda Europa. El perjuicio ocasionado a la entidad con las falsedades de la policía patriótica española ha sido tasado por sus principales accionistas en casi 150 millones de euros, al margen de que unos 300 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo.
Los audios de la Operación Cataluña
Los audios de Villarejo, y en concreto los relacionados con la llamada Operación Cataluña, han sido determinantes para que la juez, que tenía aparcadas las querellas desde hace casi cuatro años, haya decidido ahora imputar a Rajoy y a dos de sus ministros para investigar a fondo las supuestas coacciones, entre otros delitos, de que fueron objeto los dueños del banco por parte de la policía patriótica para que les facilitasen unas cuentas, las de los líderes del procés, que en realidad no estaban en este banco.
Los accionistas de la BPA y el Banco de Madrid llevan años esperando a que la justicia repare las tropelías sufridas por parte de las autoridades españolas en su empeño de frenar las aspiraciones independentistas de una parte de los catalanes. Los agentes de la policía patriótica amenazaron a los hermanos Cierco (y cumplieron) con causar un daño irreversible al banco si estos no accedía a darles las cuentas de la familia Pujol.
Para ello, los agentes patrióticos, la élite del servicio de Inteligencia, entre ellos el entonces comisario jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, y el entonces máximo jefe de la policía española, Eugenio Pino, permitieron al comisario José Manuel Villarejo y a otros agentes de Inteligencia contactar con sus colegas del FBI y de la CIA y les convencieron de que la BPA y el Banco de Madrid era un nido de blanqueo de capitales en manos de clientes rusos y venezolanos chavistas, el ogro de EE UU en esas fechas. Pero todo era mentira.
El tema fue investigado por varios juzgados de Madrid, que archivaron el asunto al entender que las denuncias que le habían llegado sobre blanqueo de capitales en el Banco de Madrid, procedentes de la Fiscalía Anticorrupción, no resistían el más mínimo rigor. Pero el daño ya estaba hecho y la entidad, de ser la más solvente y de las mejor gestionadas de Europa, cayó en picado hasta que hubo de ser intervenida. La justicia andorrana, tras varios años de casi inactividad en este asunto, ha encarado ahora el tema con rotundidad y cita a Rajoy, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz; a su secretario de Estado, Francisco Martínez, al exdirector general de la policía, Ignacio Cosió, y a dos miembros relevantes de la policía patriótica para que busquen abogado y se defiendan en Andorra de los seis delitos que figuran en la querella interpuesta por los damnificados andorranos.
Las presuntas coacciones también están relacionadas, según las querellas, con la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en 2015 a Andorra, cuando se reunieron con el jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y varios ministros del Principado con la finalidad de obtener información de los líderes independentistas catalanes.
La juez indica en su comisión rogatoria a España que las denuncias tienen relación con “presuntas extorsiones, coacciones y chantaje realizados desde el año 2014 por agentes de la policía española a responsables de BPA” con la intención de “conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana, y relacionada con distintos gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre los cuales se encontraban Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras”.