En el auto, el juez Lars Bay Larsen, Vicepresidente del TJUE, acepta las medidas cautelares solicitadas por los diputados independentistas por entender que existe un «alto riesgo de ser detenidos», a consecuencia de sus presuntos delitos en la ejecución del intento de golpe de Estado catalán.
Esta decisión no es definitiva, sino cautelar, a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre el fondo del asunto, el recurso que los prófugos interpusieron contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad parlamentaria el pasado 9 de marzo de 2021, tras una contundente votación con 400 votos a favor de la retirada del privilegio parlamentario, 248 en contra y 45 abstenciones para el caso de Puigdemont, y con sufragios casi idénticos en los casos de los presuntos golpistas Comín y Ponsatí, siendo 404 a favor, 247 en contra y 42 abstenciones.
El Tribunal Supremo español reclama a los tres prófugos independentistas para responder por un presunto delito de sedición y, además, acusa a Puigdemont y Comín por otro de malversación de fondos públicos, cargos relacionados con la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, que causó una gran inestabilidad, desató la violencia en las calles, y trató de quebrar el ordenamiento jurídico.
Al respecto de esta decisión se ha pronunciado el Portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, que ha exigido al gobierno de la nación «cuantas acciones fueren precisas para rechazar políticamente este acto del TJUE», al no tratarse aún de una decisión definitiva del TJUE, siendo vital toda posible influencia que pueda ejercer el gobierno español.
Buxadé ha acusado a los golpistas prófugos de «usurpar asientos en el Parlamento Europeo» en referencia a la falta de cumplimiento de los requisitos que otorgan la condición de Eurodiputado, entre los que se encuentran recoger y verificar las credenciales por parte del Estado Miembro que otorga la representación, y que los prófugos evitan pisar para evadir a la justicia, así como jurar la Constitución Española, trámite que tampoco han cumplido. A este respecto se pronunciará próximamente la Presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.
El Vicepresidente Político de VOX también ha calificado de «auténtica infamia» el fallo, desde el punto de vista del «respeto a las competencias de las instituciones» al inmiscuirse en asuntos jurídicos que corresponden a las naciones soberanas europeas, y utilizar argumentos de dudoso rigor jurídico como poner en duda la imparcialidad del ponente, el búlgaro Ángel Dzhambazki, por el único hecho de pertenecer al ECR, el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, del que también forma parte VOX. Obviando -como recuerda Buxadé- que «la mayoría del parlamento votó a favor del suplicatorio» de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara.
Finalmente, el Eurodiputado español y líder de la Delegación de VOX en la UE, ha recordado que el juez Bars Lay Larsen, al que ha definido como «un siervo de los oligarcas que quieren Estados nación débiles, divididos y sometidos», se trata además de » el mismo que condenó a Polonia a un millón de euros de multa diaria mientras no se someta a sus instrucciones en materia de organización judicial», siendo -señala Buxadé- «una materia sobre la que la UE carece de competencias», lo que sumado al reciente auto, deja claro que «ni respetan los tratados ni las leyes nacionales».