El diputado de VOX, Sergio Macián, ha asegurado que “vamos a llegar hasta el final a través de los medios que tengamos a nuestro alcance”. Por ello, ha explicado, “nos hemos puesto de acuerdo con otros partidos de la oposición para poder investigar el tema a fondo. Los separatistas siempre utilizan las instituciones, en este caso los Mossos, a su antojo. Los de VOX no lo vamos a permitir y exigiremos las responsabilidades que se deriven”.
Así pues, el objetivo de la comisión es poder determinar la realidad detrás de los cambios y relevos en la cúpula del CME que afectan a hasta 31 miembros de la cúpula de mando, en los que se evidencia una clara intención política de controlar el cuerpo de policía de la Generalitat de Catalunya, creando una policía «a medida» del Govern, especialmente en lo que atañe a investigaciones de corrupción a miembros del mismo y del entorno de los partidos que dan soporte al Govern, todo ello con la intención de determinar los hechos ocurridos e identificar las personas que habrían estado involucradas.
Los grupos solicitantes consideran que no hay justificación convincente sobre los cambios producidos, especialmente en casos como el relevo del intendente del CME Antoni Rodríguez al frente de la Comisaría General de Investigación Criminal, quien investigaba diversos casos de corrupción separatista, como el presunto fraccionamiento de contratos públicos por parte de la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando dirigió la Institución de les Letras Catalanas; así como también el caso del exconsejero de Interior, Miquel Buch, acusado por contratar como “asesor” del departamento a un sargento para que hiciera funciones de escolta a Carles Puigdemont fugado en Bruselas.
Los grupos piden también que se investigue a fondo las presuntas injerencias del que fuera comisario jefe de los Mossos de Esquadra, Eduard Sallent, en el ejercicio de su cargo, en relación con las investigaciones sobre el exconsejero de Interior Miquel Buch y el sargento Lluís Escola por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
También, destacan entre los motivos para impulsar la investigación que, en la instrucción judicial del proceso por la presunta adjudicación irregular de los trabajos para la Institución de las Letras Catalanas, ante la desconfianza a raíz de las filtraciones que torpedeaban la investigación de la señora Laura Borràs, la jueza instructora encomendara de manera excepcional y en ese caso concreto la tarea de policía judicial a la Guardia Civil, retirando al CME de su función de policía judicial.
De demostrarse estos hechos, los grupos consideran que se podría haber incurrido en conductas presuntamente delictivas y corruptas con la finalidad de politizar el CME y convertirlo en una policía al servicio de la causa separatista. Para ello, se propone un plan de trabajo para analizar posibles influencias indebidas, irregularidades y abuso de poder en el que habrían incurrido el Govern de la Generalitat y los altos cargos del Departamento de Interior.