Denuncia que en situaciones similares el presidente del Gobierno siempre ha llamado al líder de la oposición y defiende el diálogo institucional: “Sánchez tiene que estar a la altura de la situación” afirma el portavoz popular quien recuerda que el jefe del Ejecutivo lleva ocho meses sin llamar a Casado y año y medio sin verle”.
Incide en que Sánchez debe asumir que “en cuestiones de Estado tiene que hablar con partidos de Estado” y que “lo lógico es que descuelgue el teléfono no solo para hacerse una foto sino para hablar con Casado”.
El alcalde de Madrid subraya que el PP, a diferencia de sus socios de Gobierno, ha apoyado al Ejecutivo desde el primer momento en la gestión de la crisis de Ucrania porque “somos un partido de Estado y está en juego la imagen internacional de nuestro país”.
Muestra su preocupación por la “irrelevancia” de España porque es el único gran país de UE con el que Biden no ha hablado.
Sobre el reparto de los fondos europeos
Aboga por una autoridad independiente que garantice una gestión objetiva y adecuada de los fondos frente a un reparto arbitrario porque sin las ayudas europeas “no hay salida”.
“Nos tranquilizaría que el Gobierno estableciera un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas y explicase los criterios de adjudicación”, señala.
“Somos una nación de ciudadanos libres e iguales y los fondos nos tienen que afectar por igual” señala Almeida, quien explica que en término per cápita las CCAA y ayuntamientos más beneficiados son los gobernados por el PSOE.
“Si el Gobierno es capaz de discriminar a medios de comunicación en un briefing sobre fondos europeos ¿por qué tenemos que pensar que no va a hacer lo mismo con parte de las ayudas?”, se pregunta.
Censura que del montante total de los fondos solo 2.000 millones irán al sector privado lo que evidencia que las ayudas europeas no están llegando a la economía real.
Critica que el Ejecutivo haga un “ejercicio de triunfalismo” respecto a los datos de empleo mientras pide acabar con la reforma laboral del PP para aplicar una contrarreforma que todas las partes de la negociación califican de “mal menor”.