Desafortunadamente, en noviembre una nueva variante del coronavirus, con el nombre de la letra griega ómicron, se convirtió en motivo de preocupación mundial, ya que parecía contagiarse mucho más rápidamente que la cepa dominante delta. Las constantes advertencias de la ONU de que las nuevas mutaciones eran inevitables y el fracaso de la comunidad internacional para garantizar la vacunación de todos los países, y no sólo la de los ciudadanos de las naciones ricas habían sido claramente desoídas.
En una rueda de prensa a mediados de diciembre, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que ómicron se estaba "propagando a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las variantes anteriores”. “Seguramente, ya nos hemos dado cuenta de que subestimamos este virus a nuestra cuenta y riesgo", sentenció.
En enero, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, lamentó el fenómeno autodestructivo de la "fiebre nacionalista de vacunación", y recriminó a los gobiernos la falta de solidaridad, recordándoles que ningún país saldría airoso del COVID-19 en solitario.
El director de la OMS en África, Matshidiso Moeti, condenó el "acaparamiento de las vacunas "que sólo prolonga y retrasa la recuperación del continente. "Es profundamente injusto que los africanos en situación de mayor vulnerabilidad se vean obligados a esperar las vacunas mientras los grupos de menor riesgo de los países ricos se ponen a salvo", recriminó.
Al mismo tiempo, la agencia para la salud advertía proféticamente que cuanto más tiempo se tardara en acotar la propagación del COVID-19, mayor sería el riesgo de que surgieran nuevas y más resistentes variantes a las vacunas. Tedros calificó la distribución desigual de las vacunas de "fracaso moral catastrófico", añadiendo que "el precio de este fallo se cobraría vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo".
Conforme pasaban los meses, la agencia persistía en su mensaje. En julio, con la aparición de la variante delta, que se convirtió en la forma dominante de COVID-19, se cumplió el sombrío hito de cuatro millones de muertes atribuidas al virus —cifra que cuatro meses después alcanzó los cinco millones—. Tedros indicó entonces que las variantes del virus estaban ganando la carrera contra las vacunas “debido a su producción y distribución inequitativa”.
Para ayudar a los más vulnerables, la OMS encabezó la iniciativa COVAX, el esfuerzo mundial más rápido, coordinado y exitoso de la historia para luchar contra una enfermedad.
Financiado por los países más ricos y por donantes privados, con una recaudación de más de 2000 millones de dólares, COVAX se puso en marcha durante los primeros meses de la pandemia para garantizar que las personas que viven en los países más pobres no se quedaran sin vacunas cuando éstas llegaran al mercado.
El despliegue de las vacunas en los países en desarrollo a través de este mecanismo comenzó con Ghana y Côte d’Ivoire en marzo. Yemen, un país destrozado por la guerra y en una situación económica devastadora, recibió su primer lote de vacunas en el mismo mes. Colombia, por su parte, se convertía en el primer país de las Américas en recibir las vacunas de COVAX. En abril, se habían enviado lotes de vacunas a más de cien países gracias a este proyecto.
Sin embargo, el problema de la falta de un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 dista mucho de estar resuelto: la OMS anunció el 14 de septiembre que se habían administrado más de 5700 millones de dosis de vacunas en el mundo, pero que sólo el 2% había ido para los africanos.
Además de afectar directamente la salud de millones de personas en el mundo, la pandemia ha tenido muchas repercusiones en otras áreas, como en el tratamiento de otras enfermedades, la educación o la salud mental.
El diagnóstico y el tratamiento del cáncer ha sufrido gravemente las consecuencias en casi la mitad de los países; más de un millón de personas no han podido recibir la atención médica esencial contra la tuberculosis; el aumento de las desigualdades ha impedido a los habitantes de los países más pobres acceder a los servicios del VIH-SIDA; y la asistencia en materia de reproducción se ha visto alterada para millones de mujeres.
Las agencias de la ONU creen que, sólo en el sur de Asia, las graves interrupciones en los servicios sanitarios debidas a la pandemia de COVID-19 pueden haber provocado 239.000 muertes infantiles y maternas adicionales el año pasado; en Yemen el impacto es aún más terrible: una mujer muere en el parto cada dos horas.
En cuanto a la salud mental, el último año ha sido demoledor en todo el mundo, pero el peaje ha sido particularmente alto para los niños y los jóvenes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló en marzo que los niños viven ahora una "nueva normalidad demoledora y distorsionada", y que el COVID-19 está haciendo retroceder prácticamente todos los indicadores de progreso relativos a la infancia.
Las tasas de pobreza infantil han aumentado en torno a un 15% en los países en vías de desarrollo y se prevé que otros 140 millones de niños de estos países vivan por debajo del umbral de la pobreza.
En cuanto a la educación, los efectos fueron catastróficos. Un total de 168 millones de escolares en todo el mundo perdieron casi un año de clases desde el comienzo de la pandemia, y más de uno de cada tres no pudo acceder a la enseñanza a distancia.
El cierre de escuelas debe ser el último recurso, reiteró UNICEF por segundo año. Su directora, Henrietta Fore, dijo en enero que "no se debe escatimar ningún esfuerzo" para mantener a los niños en la escuela. " La capacidad de los niños de leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas se ha deteriorado, y las habilidades que necesitan para salir adelante en la economía del siglo XXI han disminuido”, declaró.
En agosto, tras las vacaciones de verano, UNICEF y la OMS emitieron recomendaciones para un regreso seguro a las aulas, como la inclusión del personal escolar en los planes nacionales de vacunación contra el coronavirus y la inmunización de todos los niños a partir de los 12 años.
La ONU hizo varios llamados a una mayor equidad en la distribución de las vacunas e insistió en diversas ocasiones en la necesidad de una nueva forma de responder a futuras pandemias, manifestando el patente fracaso de la respuesta internacional al COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud convocó una serie de reuniones en las que participaron científicos y autoridades políticas, y en mayo se anunció la creación de un centro internacional para el control de pandemias en Berlín, con el objetivo de garantizar una mejor preparación y transparencia en la lucha contra las posibles futuras amenazas sanitarias mundiales.
En julio, el grupo G20, formado por las mayores economías del mundo, publicó un informe independiente sobre la preparación ante una pandemia, en el que se concluyó que la seguridad sanitaria mundial está peligrosamente infradotada.
El copresidente del grupo, el ministro singapurense Tharman Shanmugaratnam, señaló que el COVID-19 no fue una catástrofe aislada, y que el déficit de financiación muestra que "como consecuencia somos vulnerables a una pandemia de COVID-19 que se prolonga, con nuevas olas que afectan a todos los países, además de que corremos el riesgo de futuras pandemias".
Afortunadamente, el año termina con una nota positiva: en una inusual sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS celebrada a finales de noviembre, los países acordaron elaborar un nuevo acuerdo mundial sobre prevención de pandemias.
El director de la OMS, el doctor Tedros, afirmó que, aunque queda mucho trabajo por hacer, el acuerdo es el "motivo de celebración y esperanza que todos necesitamos ".