El Senado ha rechazado hoy las enmiendas de VOX al Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital, y cuyo objetivo era aumentar el gasto público, «rectamente entendido, al servicio de los españoles, del bien común, de la solidaridad entre compatriotas como pueblo, y de las genuinas necesidades del Estado para cumplir sus fines». Así lo ha defendido el senador de VOX, José Manuel Marín.
Durante su turno de posicionamiento, el senador reiterado la posición de VOX a favor del gasto social «en toda medida que sea necesaria», si bien ha lamentado que el Proyecto de Ley «adolece de una serie de defectos».
El primero de ellos, ha dicho, es la concepción misma del Ingreso Mínimo Vital como mecanismo de asistencia de carácter indefinido, cuando debería ser «una fórmula temporal de ayuda, lo cual está plenamente justificado por la excepcional situación de crisis sanitaria y económica». Y es que el poder público «debe ayudar a los españoles en situación de necesidad».
Se trata, en definitiva, de crear «ayudas públicas que sean subsidiarias», es decir, que existan en toda la medida en que sean necesarias «cuando de verdad lo sean».
También ha defendido Marín la necesidad de que «no se desincentive la incorporación al mundo laboral de los beneficiarios de la ayuda». Y es que «no hay nada más social que la creación de empleo» ni mejor ayuda que «proporcionar un puesto de trabajo».
El último punto que ha defendido Marín ha sido el «criterio de la nacionalidad y la residencia para la obtención de las ayudas del Ingreso Mínimo Vital». En primer lugar, «debe preverse para personas de nacionalidad española». Un punto coherente con la Agenda España. «Cualquier persona racional sabe que el deber natural de ayuda al prójimo no es indiscriminado, sino que está ordenado en función de la cercanía», ha matizado.
«En ningún caso debe permitirse el acceso a las ayudas a las personas que hayan entrado ilegalmente en nuestro país, con independencia de que en el momento actual su residencia sea o no legal», ha insistido el senador Marín. Se trata de hacer saber que «la entrada ilegal en España se sancionará con la imposibilidad irreversible de acceder a ninguna clase de ayuda o beneficio que corresponden a los españoles». De este modo, «se garantiza el principio básico de la inviolabilidad y seguridad de nuestras fronteras».