Y es que en cuando Cristina Cifuentes abrió los cajones de la Real Casa de Correos, en la madrileña Puerta del Sol, se topó no solo con las cuentas del Canal de Isabel II, sino con decenas de expedientes que vaticinaban un largo recorrido por los juzgados de muchos responsables que durante tantos años, desde la etapa de Ruiz Gallardón (57 años), han utilizado las empresas de la Comunidad para repartir fortunas a sus amigos y recibir millonarias comisiones.
Huida de Aguirre
La reciente huida por sorpresa de Esperanza Aguirre como presidenta del Partido Popular madrileño, vaticinaba que se quitaba de en medio tras recibir el chivatazo de que estaba a punto de estallar, definitivamente, el caso del ático de 500 metros cuadrados de Marbella que Enrique Cerezo le regaló a Ignacio González. El regalo era parte de la “compensación” de 250 millones de euros que Telemadrid pagó al Atlético de Madrid por los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol. Un chollo para Cerezo y una ruina para la televisión pública madrileña.
La investigación del origen del dinero que se pagó por el lujoso ático marbellí fue torpedeada por mandos policiales que obedecían instrucciones del ministro del Interior, Jorge Fernández, al que no le agradaba que los dirigentes de su partido fueran vigilados. Al final, el escándalo no ha podido ocultarse por más tiempo.
El ático de González
Desde hacía meses, años en el caso del ático de Ignacio González en Marbella, la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) seguía los pasos de decenas de comisiones a través del Canal de Isabel II y demás empresas públicas dependientes de la Comunidad. Cuando a mediados del pasado mes de febrero las fuerzas policiales irrumpieron en las instalaciones del Canal se declararon, definitivamente, cadáveres políticos el entonces secretario general del PP madrileño, Ignacio González y la presidenta Esperanza Aguirre. Las dimisiones de ambos no se hicieron esperar.
A Ignacio González le espera un calvario judicial complicado, no sólo por haber sido sobornado con el ático marbellí, como sostiene el fiscal anticorrupción malagueño, que ha solicitado al juez que le impute (ahora se denomina investigado), junto con su esposa, Lourdes Cavero, presidenta de la empresa de subastas de obras de arte Segre, y que ya a finales del año 2013 se la imputó por presunto delito de blanqueo de capitales y también al empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y conocido productor de cine.