Pero esa cifra no es la deuda pública real, ya que resta a la deuda pública bruta lo que le deben a las Administraciones públicas. Es una operación contable correcta, pero sirve para ocultar que la deuda de las Administraciones públicas es en realidad de 1.719.307 millones (1,7 billones).
Además, hay otra deuda de otras entidades cuyo garante son las Administraciones públicas que no se contabiliza (AENA, ADIF, RENFE o avales del ICO). Esa otra deuda, de la que no se facilitan datos, podría sumar otros 600.000 millones. Por tanto, la deuda pública total real estaría en torno a los 2,3 – 2,4 billones de euros.
Ecologistas en Acción denuncia que si se utilizan estos datos “sin cocinar”, el incremento real de la deuda pública bruta en el mes de junio, según el Banco de España, fue de casi treinta mil millones en un solo mes (29.914 millones).
Si se comparan estas cifras con los 69.500 millones en transferencias no reembolsables de los fondos Next Generation EU, que están previstos para financiar gastos durante siete años (de febrero de 2020 a diciembre de 2026), la disparidad es abrumadora. Y si se solicitaran los créditos a los que puede optar el Estado español –lo que sumaría otros 70.000 millones de euros– estos terminarán incrementando las cargas públicas por la vía directa de los créditos.
Por otro lado, las transferencias no reembolsables provienen de créditos que la UE contraerá con los mercados de capitales y que serán pagados en gran parte por el incremento de las aportaciones que se verá obligado a realizar el Estado español a la UE, o a través de los nuevos impuestos que la UE pretende ir dictando.
También hay que tener en cuenta que una condición para recibir estos desembolsos es acometer ajustes, como la reforma laboral y de las pensiones. De momento, la UE ha realizado el primer desembolso sin condicionar a ese compromiso, pero el Gobierno español se ha comprometido a abordarlo antes del segundo desembolso de 10.000 millones de euros a finales de este año 2021.
Por último, Ecologistas en Acción recuerda que es una de las entidades que se ha posicionado en contra de los fondos NGEU por las repercusiones sociales y por el lavado verde que esconden. El Gobierno español, con su Plan de Recuperación y Resiliencia, bajo la proclama del ‘crecimiento verde y digital’, ha decidido destinar estos fondos hacia el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde, las fábricas de baterías, los megaproyectos de energías renovables del oligopolio energético y del sector inmobiliario, la digitalización de la agricultura y del turismo masivo, la construcción de viviendas y el AVE. De esta manera ha contribuido a inflar nuevas burbujas que necesitan enormes cantidades de recursos materiales y combustibles fósiles, que van a los grandes grupos de capital y que caminan en sentido contrario a la urgente e inaplazable transición ecológica.
El Plan responde así a una nueva estrategia de acumulación y recomposición del capital financiero a costa del sobreendeudamiento público, y reforzará la privatización y su control sobre sectores estratégicos (agua, energía, minerales, tierras).
Por todo ello, Ecologistas en Acción denuncia que los fondos europeos son un plan de rescate a los principales grupos de capital del IBEX 35, que intensificará el sobreendeudamiento público y la crisis social, ecológica y climática. La organización ecologista pide al Gobierno español que realice un análisis crítico de las consecuencias sociales y ambientales que conllevan estos fondos. También que rectifique y encare un Plan real de transición ecosocial de forma urgente, que haga frente a la crisis estructural y al escenario de decrecimiento de recursos energéticos y materiales.