El Gobierno ha acelerado su feroz campaña de justificación de los indultos que, de forma inminente e interesada, pretende regalar a los sediciosos del procés. En tal marco, San Chez, el insospechado apóstol de la concordia y la generosidad está embistiendo contra quienes no comulgan con sus propósitos, especialmente jueces y tribunales, tildándoles de “vengativos” y “revanchistas”.
Cualquier cosa vale al nuevo evangelizador si le ayuda a prolongar su estancia en el púlpito monclovita. Bien que beneficiar a la clase política, por vía indultatoria, en abierta desigualdad con el resto de los ciudadanos no sea de recibo. Tampoco lo es la enorme tensión creada por este misericordioso predicador entre poderes del estado, cuando ya el Tribunal Supremo (enjuiciador) se manifestó en contra de los indultos. La ambigüedad de la jerarquía patronal y de la eclesiástica es otra muestra de oportunismo y falta de fiabilidad, tan tradicional en ambos grupos. Pero, difícilmente, la propaganda gubernamental logrará disipar la generalizada convicción de que los indultos ni apaciguarán la genética voracidad separatista, ni mejorarán el escenario político (ni dentro de Cataluña, ni entre esta CA y el resto de España). En definitiva, que nadie se engañe, no es asunto ni de venganzas ni de revanchas. Simplemente, se trata del cumplimiento de la ley.
Se ha anunciado una reunión de Sánchez con el nuevo “Molt”, seguida de una llamada mesa de negociación (más bien de ignominia) “bilateral”. Mera propaganda. Tras el encuentro del pasado viernes, en Waterloo, entre el fugado Puigdemont y Aragonés, éstos han dejado claro que los indultos en nada modificarán sus objetivos: amnistía e independencia. Como éstos son constitucionalmente innegociables, tal mesa será un simple instrumento de chalaneo político, que durará hasta que Sánchez deje de ser útil al independentismo. Mientras tanto, el Gobierno comprará tiempo para que la vacuna, los fondos europeos y la desmemoriada sociedad española le oxigenen antes de la próxima cita electoral. Simultáneamente, los separatistas irán arrancando al Gobierno cesiones, concesiones y regalos, para allanar el camino hacia la división de la soberanía nacional.
La justicia sigue siendo el penúltimo baluarte en la defensa del Estado de derecho. Si decayese, tendría que entrar en escena la “ultima ratio regis” que, como es su obligación, se mantiene silente, aunque vigilante. Ello invita a reflexionar sobre el papel que, en todo este lío, está jugando, por acción y/o por omisión, la ministra de defensa Margarita Robles. Porque ésta, frente a los indultos ―pistoletazo de salida para un “procés” renovado―, aparece difuminada. Actitud reprobable desde su doble condición: como juez de profesión y como ministra de defensa de afición. No se entiende, por ejemplo, cómo, siendo magistrada, no alce la voz frente al hostigamiento del Gobierno al Tribunal Supremo, que no es ni “vengativo” ni “revanchista”. Y, como ministra de defensa, por tanto, en la cadena de mando, que se escaquee frente al desasosiego general de los militares ante los indultos.
Se ha polemizado sobre si el Rey estuviese o no obligado a firmar los indultos que, formalmente, son gracia Real. Pienso que, como acto debido, S.M. está obligado a firmar. No hacerlo sería tanto como ponerse al margen de la Constitución. Por tanto, intentar meter al Rey en el lío es solo enredar. Pero, al mismo tiempo, no me cabe duda alguna de que doña Margarita ―con un pasado judicial de oposición a los indultos―, sí está en condiciones de negar, en la Tertulia de ministros, su acuerdo para aprobar éstos de los sediciosos del procés. Salir ahora diciendo del caso que “la generosidad es el mejor complemento de la justicia” es una charlotada, doña Margarita; impropia de usted. Porque la generosidad consiste en dar de lo propio sin recibir nada a cambio, no en dar de lo de todos recibiendo una contraprestación propia (en este caso, apoyo parlamentario).
Si quedara algo de vergüenza torera, doña Margarita Robles cesaría como ministra de defensa. Si aprobase (colegiadamente) los indultos, por un elemental sentido del decoro. Si se opusiera a su aprobación, para adelantarse a que la cesaran. En ambos casos, saldría por la puerta grande. Pero eso sería, tal vez, esperar demasiado de ella. En fin, pasemos a la posición de “en prevengan”, porque indultar es volver a empezar…
Por Pedro Pitarch, teniente general retirado, ex jefe del Eurocuerpo y de la Fuerza Terrestre y ex director general de Política de Defensa en el Gobierno de Zapatero