La formación naranja ha informado de que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia que presentaron la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano el pasado lunes 7 de junio ante el Tribunal de Cuentas contra el escándalo del rescate millonario a Plus Ultra para que el tribunal determine quiénes son los responsables contables de este rescate millonario e injustificado que ha costado 53 millones a las arcas públicas españolas.
Con esta admisión, el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre el escándalo, con la apertura de la “correspondiente pieza de Acción Pública”, según ha comunicado el tribunal a la formación liberal. En la notificación, el órgano recoge la denuncia de Cs sobre “la existencia de un presunto menoscabo en los fondos públicos como consecuencia de la concesión a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. de una ayuda financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, por un importe total de 53.000.000 euros, sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda”.
“Desde Ciudadanos celebramos que la denuncia por este caso siga adelante y esperamos que el Tribunal de Cuentas sea quien aprecie la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, es decir: qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas”.
Por último, recuerdan que “tras constatar en primer lugar que no se investigó por parte de ninguna autoridad a los accionistas sospechosos de la empresa ni por qué la compañía estaba en ruina, en segundo lugar, que la aerolínea que no era ni estratégica ni viable y, por último, que existían evidencias de maquillaje contable y dudas de que Plus Ultra cumpliera requisitos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, Cs presentó esta denuncia al Tribunal de Cuentas para que investigue esas responsabilidades: a todas las autoridades sin excepción: desde la SEPI, los gestores del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y hasta el Consejo de Ministros que es quien avala esto en última instancia y sin cuyo sello no se pueden dar estas ayudas”.