Turbador Caso Almería, coetáneo en el tiempo con el timocolza, tan semejante al coronatimo. Mi repudiada Malamérita, pringada, cómo no. Y gracias por otorgarme tal premio de "tonto del año". Y, ahora sí, gracias de verdad a César, por su imprescindible artículo. En mi caso, antes muerto que sencillo. Juas. Y antes tonto que torturador y verdugo trisecular. Cuatro décadas de otro "caso aislado" que confirma la completa impunidad de los verdugos de un siniestro y totalitario y liberticida Estado como el español que siempre mira hacia otro lado cuando de guerra sucia se trata. Los despóticos mecanismos de opresión y represión, la plandemia agigantándolo todo, vuelta de tuerca, amenazando nuestro futuro. Y nuestro presente.
Camino del sur
Tres chavales que viven en Santander- Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier- raptados en Roquetas de Mar, a las nueve de la tarde, a la salida de una tienda de recuerdos turísticos. Torturados hasta la muerte en un cuartel abandonado junto a la playa de Retamar. Devueltos muertos y desmembrados al Ford Fiesta alquilado en que viajaban. Ejecutados a balazos, vaciando una lata de gasolina sobre los tumescentes cuerpos, transformados poco después en piras para que no quedase rastro alguno de las heridas. Era la madrugada del 9 al 10 de mayo de 1981. Los muertos se llamaban Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier. Al menos once pikoletos participaron en el crimen. Solo tres de ellos fueron condenados. Lo dicho, Caso Almería.
A las cuatro de la tarde del día 7 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores se citan en Santander y dan comienzo infausta singladura hacia el sur. Juan Mañas curra en FEVE, tiene 24 años y espera reunirse con su familia en su almeriense pueblo natal, Pechina, para celebrar la primera comunión de su hermano Francisco Javier. Luis Montero es salmantino, trabaja en FYESA, y tiene 33 años y carné del PCE y de CCOO. Luis Cobo es santanderino, trabaja en ACERIASA, y tiene 29 años y un Seat 127 a punto para la carretera. La primera noche de viaje pernoctan en Madrid. El coche de Cobo, que ya ha flojeado seriamente durante la aciaga ruta, se avería sin solución posible en la conquense villa de El Provencio,
Desgraciado infortunio
Tal revés terminará costándoles la vida. Confían el deteriorado vehículo a un taller y un mecánico los acerca hasta la hermosa localidad albaceteña de Villarrobledo para que desde allí puedan viajar en tren hasta el ciudadrealeño pueblo de Alcázar de San Juan y, de esta manera, consigan una conexión ferroviaria rápida y segura con Andalucía. Pero el próximo tren sale de madrugada, así que optan finalmente por alquilar un coche. En la estación de Alcázar de San Juan, unos taxistas y trabajadores de Renfe les remiten a la localidad vecina de Manzanares. Llegan en tren a Manzanares y en Viajes Dian alquilan a nombre de Luis Cobo un Ford Fiesta verde matrícula CR-1625-D donde varias horas más tarde aparecerán sus carbonizados cadáveres.
El día 9, después de que los jóvenes ya hayan llegado a Pechina, los periódicos publican los rostros de dos miembros de Eta militar a quienes la policía atribuye el atentado contra el teniente general Valenzuela. Y abramos paréntesis. A las diez de la mañana del 7 de mayo de 1981, cuando nuestros tres masacrados protagonistas habían dado comienzo su periplo hacia el sur, el teniente general Joaquín Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sobrevive a una explosión mientras circula con su vehículo por la madrileña rúa de Conde de Peñalver. Los tres militares que le acompañan mueren en la explosión. Son el teniente coronel Guillermo Tevar, el soldado conductor Manuel Rodríguez y el suboficial de escolta Antonio Noguera.
Malhadado equívoco
Pues lo dicho, difusión de los rostros de dos etarras: José María Bereciartúa, Chema, y José León Mazusta, Fresku. Y, mientras, en Alcázar de San Juan, los taxistas y operarios de Renfe examinan las fotografías. Y recuerdan a los tres forasteros del vehículo averiado y creen encajar las piezas. Se convencen de que, por fuerza, deben ser ellos. Presentan denuncia. A las dos de la tarde, la Guardia Civil llega a Viajes Dian y se apodera de la documentación del Ford Fiesta alquilado.
La Dirección General de la Malamérita, entretanto, emite una orden de búsqueda y la Comandancia de Almería recibe el aviso. A las ocho y media de la tarde, localizan el automóvil en Roquetas de Mar. A las nueve, la Guardia Civil arresta a los tres jóvenes en la puerta de la tienda de souvenirs Renate. No se vuelve a saber nada de ellos hasta la madrugada siguiente, cuando aparecen muertos dentro del Ford Fiesta calcinado en una cuneta a la altura del kilómetro ocho de la carretera C-326 de la almeriense Gérgal. Lo sucedido entre la detención y la aparición de los cadáveres: algunas poderosas certezas y demasiadas (dolorosas y amargas) meditaciones.
El 14 de junio de 1982, trece meses después de los hechos, la Audiencia Provincial de Almería abre el juicio contra tres de los once guardias civiles que participaron en la operación. El proceso se prolonga hasta el 27 de julio. Todos los implicados han pactado hace tiempo una versión única, inconsistente y fantasiosa, que el Ministerio de Interior defiende sin pudor ni rubor alguno.
Todo embustes en la planificada versión oficial
Que los tres jóvenes asesinados eran miembros de ETA. Que iban armados (y para demostrar la inculpación, deslizan entre las pruebas dos viejas pistolas Astra 9 mm cubiertas de óxido). Que los once guardias civiles organizaron un convoy de cuatro vehículos, entre ellos el Ford Fiesta, con el propósito de transportar a Madrid a los detenidos y entregarlos a la Dirección General. Que si se desviaron por aquella carretera fue para recoger las pertenencias de uno de los detenidos. Que los jóvenes esposados aprovecharon un descuido para atacar a los guardias civiles y escapar en el Ford Fiesta. Que fue necesario disparar a las ruedas para evitar la fuga. Que el coche se salió de la carretera y ardió al explotar el depósito.
Pero no siempre ganan los malos
Pero aparecen algunos testimonios que trastornan el falsísimo y delirante relato policial. A las seis de la madrugada, seis pescadores del club El Palmeral advierten las llamas del Ford Fiesta y se acercan con un extintor para ayudar a reducir el fuego. No obstante, el guardia civil Fernández Llamas rehúsa su colaboración y les exhorta a abandonar el lugar porque, según les asegura, los heridos ya han sido evacuados a hospitales. Más tarde los trabajadores de la funeraria acudirán al levantamiento de los cadáveres y hallarán dentro del coche los cuerpos mutilados y abrasados. La versión acordada por los implicados termina de derrumbarse del todo cuando uno de ellos revela por error que los detenidos han sido conducidos a Casas Fuertes, un añejo cuartel abandonado junto a la costa.
El abogado de la familia, Darío Fernández, jamás llega a creer el relato de los guardias civiles y mantiene la teoría de que los han asesinado. No en vano, apenas tres meses antes del Caso Almería, la Policía Nacional ha torturado hasta la muerte al miembro de ETA militar Joseba Arregui durante nueve días de interrogatorio incomunicado. Cositas de Torturocracia, vulgo España.
De modo que el abogado Fernández, convertido ahora en detective privado, visita de noche el antiguo edificio de la Malamérita y encuentra irrigaciones de sangre. De inmediato, comunica su hallazgo a la justicia, pero el juez se demora dos semanas en ordenar una investigación. Las paredes del viejo cuartel aparecen, entonces, encaladas y ha desaparecido de un plumazo toda evidencia. Destruir pruebas ciertas y construir pruebas falsas, tan de manual. El ABC de la falsa bandera.
A falta de concluyentes pruebas para imputar un delito de asesinato, el juicio concluye con tres condenas por homicidio. El Tribunal Supremo ratifica en 1983 la sentencia. En primer lugar, el teniente coronel Castillo Quero, responsable de la Comandancia de Almería, recibe una condena de veinticuatro años. El teniente Gómez Torres obtiene quince años. Al guardia civil Manuel Fernández Llamas le corresponden doce. Al primero se le aplica atenuante de "cumplimiento del deber"; a los dos últimos, atenuante de "obediencia debida". Todos ellos son apartados de la Guardia Civil y, sin embargo, mucho más tarde se sabe que han recibido varios millones de pesetas a cargo de los fondos reservados del Estado como ayuda del Gobierno para afrontar su condena.
Incluso hay guardias civiles decentes
En un último giro de guión, y con el caso ya cerrado, la familia del joven Juan Mañas recibe una misiva con la confesión anónima de un guardia civil. La epístola confirma que torturaron salvajemente a los jóvenes en el cuartel de Casas Fuertes. Los asesinaron. Les sustrajeron dinero y compraron cinco litros de gasolina en San Silvestre. En la carretera de Gérgal, introdujeron los cadáveres en el Ford Fiesta y vaciaron sobre ellos dos cargadores de treinta cartuchos para simular un tiroteo. Arrojaron el coche a la cuneta y lo hicieron arder.
Así es como se acredita la razonable hipótesis del abogado Darío Fernández, que ha tropezado siempre contra un impenetrable pacto de silencio y un proceso judicial atestado de irregularidades, destrucción de pruebas y encubrimientos plurales.
Durante la instrucción del caso, Fernández pone todo su empeño en desenmarañar los hechos y castigar a todos los culpables. Incluso llega a reclamar un proceso contra el director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete. Su justa obstinación le sale cara. Tanto él como la familia de los jóvenes como otros allegados padecen toda clase de intimidaciones y amenazas. Un día, Fernández descubre un explosivo debajo de su vehículo. Decide apartarse de su personal investigación.
Un chivo expiatorio, cual cortina de humo
El teniente Gómez Torres cumplió siete de los quince años de condena. Fernández Llamas cumplió apenas cinco de los doce que le impusieron. El teniente coronel Castillo Quero, jefe del operativo, pasó once años en prisión. Murió en Córdoba en 1994, cuando llevaba dos años de libertad condicional. Tal vez Castillo Quero vislumbró en la salvaje operación policial/militar una oportunidad para usurpar méritos y cubrirse la pechera de medallas. Infame chatarra, vamos.
Sea como sea, sobre él recayeron la mayor parte de las responsabilidades de un crimen institucional que ningún alto mando se atrevió a asumir. Además de crimen, perpetua cobardía. Habían transcurrido poco más de dos meses desde el autogolpe del Rey Elefante y el atentado contra un jefazo de las Débiles Mamadas tan cercana al turbulento Emérito requería una despiadada réplica que serenara las estremecidas y turbias aguas del siniestro entorno castrense. Se les fue todo de las manos. Como tantas, tantísimas veces. Y menos mal, así al menos podemos intuir la puntita del iceberg del Mal(emérito).
Contra la impunidad oficial
Treinta y siete años del asesinato transcurrieron para que el parlamento cántabro rindiera por fin un sencillo homenaje a las tres víctimas. Un acto público para los familiares y una declaración institucional. Demasiado tarde, desde luego. Y se pudo realizar, en parte, gracias a la benemérita (ahora sí) labor de Desmemoriados, colectivo cántabro que consiguió asombrosamente poner de acuerdo a los cinco grupos políticos de la cámara. A día de hoy, intolerable e infame asimetría: el Estado sigue sin reconocer a Mañas, Montero y Cobo como víctimas del terrorismo.
Asevera la madre de Juan Mañas, María Morales, que a su hijo lo mataron tres veces. “A palos, a tiros y quemado". En la zanja de la carretera de Gérgal donde se hallaron los aniquilados cuerpos existe un modesto monolito. A veces tiene flores. Casi siempre, nada de nada. Cuatro decenios de amnesia oficial, como siempre en España. Pero las familias continúan exigiendo verdad, justicia y memoria para las tres víctimas del Caso Almería. Porque recordarlos es un imperativo moral de improrrogable data. Y porque olvidarlos, y la subsiguiente impunidad, es una forma de asesinarlos infinitas veces.
¿Por qué me lo habéis matado?, gritaba desconsolada una madre
Les recomiendo el ineludible libro de Antonio Ramos Espejo, El Caso Almería - Mil Kilómetros al sur. Si prefieren el celuloide, la película dirigida en 1984 por Pedro Costa. Y, sobre todo, el soberbio documental La verdad del Caso Almería.
En fin.