Lo que sí tiene claro estas ONGs es que, ha sido una instrumentalización de las personas migrantes por parte del Reino de Marruecos. Cerca de 10.000 (8.800) personas se han visto involucradas, entre ellas, sujetos especialmente vulnerables (familias, niños, posibles víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional etc.) y con perfiles migratorios diversos, por la incitación y el engaño por parte de las autoridades marroquíes han alentado la entrada.
Para estas ONGs, “el Gobierno de España no ha dispuesto de una respuesta humanitaria adecuada”, y aseguran que, “ha puesto en riesgo la vida de millares de personas, entre las que consta la muerte de dos de ellas”. Las personas heridas han recibido una atención insuficiente (El INGESA lo desdice), todo ello en un contexto de pandemia “donde no se ha garantizado el respeto a las medidas sanitarias”, aseguran estos.
Según estas ONGs, la situación derivó en el hacinamiento de miles de personas completamente desorientadas y desinformadas en las naves del Tarajal, sometiéndoles a la intemperie, y retenidas por parte de las fuerzas de seguridad, que “emplearon la violencia y material antidisturbios de manera desmedida e innecesaria, como se ha podido ver en varios vídeos”.
También acusan de vulneraciones que, se ha saldado con la devolución a Marruecos de casi 5.000 (6.600) personas, sin que hayan existido procesos individualizados en los que se otorgase asistencia letrada, traducción y la cobertura de necesidades básicas. (El Gobierno dijo “devolución inmediata").
Aparte dicen tener conocimiento de que han sido devueltas a Marruecos personas que han manifestado su intención de pedir asilo o que ya disponían de una solicitud en trámite. El periplo (largo viaje) migratorio de muchas de ellas ha durado años y la devolución al país vecino, del cual no son nacionales, les supone una flagrante persecución, discriminación, racismo y vulneración de sus derechos. También acusan de que no se han garantizado de ningún modo el cumplimiento de la normativa internacional.
Estas ONGs exigen entre otras muchas cosas el: Tratamiento. asistencia jurídica, traductor para asegurar la atención de las necesidades de cada persona; garantizar la seguridad de los MENA; recursos humanos y materiales acordes con el momento, contando con profesionales formados; condenar los discursos de odio por parte del Gobierno y asegurar rutas y vías legales y seguras sin riesgo para la vida de las personas y sin intereses de ningún gobierno.
Para ello proponen: Una política de acogida e inclusión por las comunidades autónomas; sensibilizar e implicar a la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos y cumplir con la legislación en cuanto a la protección de los derechos del menor y de las personas migrantes en España.
Por ultimo exigen cambiar la política de externalización de fronteras, para que no se utilice los migrantes como moneda de cambio y que en vez de darle a Marruecos 30 millones de euros, mejor que sean destinados a acoger y garantizar los derechos de estas personas.
Andalucía Acoge recuerda que, las llegadas a Ceuta son ante todo una crisis humanitaria
Andalucía Acoge que cuenta con una delegación en Ceuta desde el año 2017, el secretario general de la organización José Miguel Morales, pide al Gobierno de Marruecos que no instrumentalice a las personas migrantes como herramienta de presión para la política internacional y recuerda que independientemente de los problemas diplomáticos con Marruecos, España de cumplir con los derechos humanos y la legalidad establecida para el trato a las personas migrantes y que “ante todo es una crisis humanitaria”.
Una vez más la Federación afirma que, Marruecos utiliza a las personas migrantes para presionar al Ejecutivo español por cuestiones que no tienen nada que ver con el ámbito de las migraciones. Marruecos está utilizando a su propia población para recordar a Europa y España su papel de gendarme de la frontera africana. La mejor forma de evitar esta situación sería un cambio radical en la política migratoria europea facilitando vías legales y seguras para el acceso a Europa y acabando con la subcontratación de gobiernos de la periferia de la UE para el control de los flujos migratorios.
Finalmente, Andalucía Acoge recuerda al Gobierno español que los derechos fundamentales en la frontera no deben vulnerarse en ninguna circunstancia, especialmente cuando en lo que se refiere a la protección de la infancia. Toda actuación debe realizarse dentro de la legalidad vigente, la cual implica la individualización de los procesos de devolución, el riguroso control judicial y la especial atención a los derechos de la infancia y las personas más vulnerables.