A su juicio, este hecho ignora por completo los derechos humanos y los intereses de las personas en Fukushima, la sociedad japonesa en su conjunto y la región de Asia y el Pacífico.
La decisión da luz verde para que la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO) pueda comenzar a verter los desechos radiactivos de su planta nuclear directamente en el océano Pacífico. Según se ha señalado, se necesitarán en torno a dos años de preparación para empezar a descargar esta agua contaminada.
“El Gobierno japonés ha vuelto a fallarle al pueblo de Fukushima al tomar la decisión totalmente injustificada de contaminar deliberadamente el océano Pacífico con desechos radiactivos. Ha descartado los riesgos de la radiación y ha dado la espalda a la clara evidencia de que hay suficiente capacidad de almacenamiento disponible en el sitio nuclear, así como en los distritos circundantes. En lugar de utilizar la mejor tecnología disponible para minimizar los peligros de la radiación almacenando y procesando el agua a largo plazo, han optado por la opción más barata, vertiendo el agua en el océano Pacífico”, ha señalado Kazue Suzuki, responsable de la campaña de Energía en Greenpeace Japón.
Según la organización ecologista, la decisión del Gobierno nipón no protege el medio ambiente e ignora la oposición y las preocupaciones a gran escala de los residentes locales de Fukushima, así como de la población japonesa. “Greenpeace apoya a la gente de Fukushima, incluidas las comunidades pesqueras, en sus esfuerzos por detener estos planes”, ha insistido Suzuki.
Diversas encuestas de Greenpeace realizadas en Japón han revelado que la mayoría de los residentes de Fukushima y del resto del país se oponen al vertido de estas aguas residuales radiactivas en el Pacífico. Además, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Japón también ha expresado su total oposición a esta medida.
Relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) advirtieron al Gobierno japonés en junio de 2020 y nuevamente en marzo de 2021 que verter el agua contaminada al medio ambiente viola los derechos de los ciudadanos japoneses y de sus vecinos, incluida Corea. También pidieron al Gobierno japonés que retrasara cualquier decisión sobre el vertido del agua contaminada al mar hasta que termine la crisis de la COVID-19 y se lleven a cabo las consultas internacionales apropiadas.
Aunque se ha anunciado la decisión, pasarán alrededor de dos años antes de que comiencen estos vertidos en la planta de Fukushima Daiichi.
“En el siglo XXI, cuando el planeta y, en particular, los océanos del mundo se enfrentan a tantos desafíos y amenazas, es indignante que el Gobierno japonés y TEPCO crean que pueden justificar el vertido deliberado de desechos nucleares en el Océano Pacífico. La decisión es una violación de las obligaciones legales de Japón en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y lucharemos enérgicamente contra ella en los próximos meses”, ha declarado la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan.
Greenpeace lleva desde 2012 inmersa en una campaña proactiva contra los planes para arrojar el agua contaminada de Fukushima en el mar, presentando análisis técnicos a las agencias de la ONU, realizando seminarios con los residentes locales de Fukushima junto con otras ONG y denunciando la situación ante los organismos gubernamentales japoneses pertinentes.
Además, un reciente informe de la organización ecologista detalla alternativas a los actuales planes de desmantelamiento defectuosos de Fukushima Daiichi, incluidas opciones para detener el aumento continuo de agua contaminada. Greenpeace continuará liderando la campaña para evitar que las aguas residuales radiactivas se arrojen en el Pacífico.