El pasado jueves 25 de marzo se cumplía el sexto aniversario desde que una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la que también forman parte Bahréin, Egipto, Jordania y Kuwait, inició una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes en Yemen, señalando así el comienzo de un conflicto armado.
Más de 12.000 civiles han muerto como consecuencia del conflicto y al menos cuatro millones de personas han tenido que huir de sus hogares
Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón denuncian una vez más que España, cuarto país del mundo en exportar armas a Arabia Saudí y décimo a Emiratos Árabes Unidos, debe “abandonar el lado oscuro” y dejar de ser cómplice de estas atrocidades, suspendiendo la venta de armas a estos países que están bombardeando Yemen. Además de Estados Unidos e Italia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Grecia o los Países Bajos han aprobado restricciones a las exportaciones militares a la coalición.
¿A qué está esperando España?
“El gobierno debe abandonar el podio de los mercaderes de la muerte como Reino Unido, Francia o Canadá, que alimentan con armas a presuntos criminales de guerra saudíes y emiratíes y seguir el ejemplo de otros países, como Estados Unidos e Italia, que han decidido dar este paso para respetar el derecho internacional, que prohíbe vender armas para atrocidades. Es hora de cortar el grifo, tal como han pedido recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Parlamento Europeo”, ha señalado Esteban Beltrán, director de AI España.
“El pasado 18 de marzo se cumplieron 34 años desde la decisión de declarar secretas las actas de la Junta Interministerial que regula las ventas de armas. El Gobierno tiene la oportunidad de, por fin, acabar con secretos que matan. Es cuestión de voluntad política”, ha apuntado por su parte Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
“Si el Gobierno no suspende ya estas ventas de armas seguirá contribuyendo a perpetuar un conflicto que ya se ha cobrado demasiadas vidas y a mantener la epidemia de impunidad de la que hablaba el Grupo Expertos de Yemen del Consejo de derechos humanos de la ONU”, ha señalado Jordi Armadans, director de FundiPau.
Solo en 2020, los ataques aéreos de la coalición saudí causaron la muerte de 125 civiles en Yemen. El promedio diario de ataques aéreos fue de 6, el doble de 2019. Los ataques afectaron a instalaciones sanitarias, mercados, granjas, escuelas e infraestructuras hídricas vitales, incluidos pozos de agua. Al menos un centro de cuarentena de Covid-19 fue bombardeado. En 2020 también se documentaron más de 1.000 incidentes de daños a civiles y objetos civiles en Yemenen los que murieron y resultaron heridos más de 900 civiles.
“Yemen sigue siendo la mayor catástrofe humanitaria del planeta, agravada por el bloqueo que la coalición internacional está llevando a cabo, restringiendo la entrada de ayuda humanitaria”, ha añadido Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, que ha denunciado la invisibilidad de España en esta crisis y ha reclamado al Gobierno que “aumente sustancialmente su aportación para paliar este desastre”.
La discutida postura de España ante el conflicto
Las organizaciones alertan de que los últimos datos, desde 2015 y hasta junio de 2020, sitúan a España como el cuarto exportador de armas a Arabia Saudí y el décimo a Emiratos Árabes Unidos. El valor de las exportaciones a ambos países asciende a un total de 2.055 millones de euros, mientras que la ayuda humanitaria que se destinó a Yemen es 893 veces menor: tan solo 2,3 millones. De hecho, las organizaciones recuerdan que España ni siquiera asistió a una conferencia organizada este mismo mes por las Naciones Unidas, Suecia y Suiza para comprometer fondos.
En cuanto a las cifras de autorizaciones españolas de exportaciones de armas (es decir, aquellas que todavía no se han llevado a cabo pero que sí están autorizadas) las cifras aún son más alarmantes: 2.694 millones, es decir, 1.171 veces más en armas que en ayuda humanitaria.
Las organizaciones han exigido al gobierno español que, mientras continúe el bloqueo impuesto en Yemen y los crímenes de guerra, no autorice la exportación a las cinco corbetas de Navantia que se están construyendo en Cádiz, cuya entrega está prevista entre enero de 2022 y junio de 2023.
En abril del año pasado, el gobierno aprobó una de sus “medidas estrella”, aprobada en Consejo de Ministros: un protocolo para comprobar que las armas exportadas no se desvían a usos no autorizados u otros conflictos. Sin embargo, hasta diciembre de 2020 no se había aplicado a ninguna operación, pese a las denuncias reiteradas de desvíos de armas por parte de Arabia Saudí, EAU y Egipto a grupos armados en Siria, Yemen y Libia en los últimos años y de presuntos crímenes de guerra cometidos con esas armas.
Para las ONG, es urgente acabar con el secretismo que rodea a las exportaciones de armas. En marzo de 1987 se aprobó un acuerdo del Consejo de Ministros que clasificó como secretas las actas de la junta interministerial encargada de aprobar las exportaciones de armas. Para acabar con esta situación, el Gobierno debe modificar o revocar este acuerdo, dejar de prorrogar la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de modificación de la Ley de Secretos Oficiales, e impulsar la adopción de una nueva Ley de Secretos Oficiales que respete el principio de que toda restricción del derecho de acceso a la información cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con las normas internacionales.