La organización Bankwatch junto con la coalición europea Climate Action Network, a la que pertenece Greenpeace, han presentado esta semana un informe sobre el progreso de los Planes de Recuperación en los 20 países de la Unión Europea. Una de las principales conclusiones es la falta de participación pública en los Planes, lo que incumple la legislación europea y el Convenio de Aarhus.
El análisis de cómo se están gestando los planes de gasto en 20 países concluye que muy pocos países están sometiendo a consulta y participación pública dichos planes, ni son sometidos a evaluaciones ambientales estratégicas, ambos procedimientos exigidos por la legislación de la UE. De manera especial, el gobierno español sale muy mal parado en la valoración realizada del progreso de estos planes.
“El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos no pueden transformar y recuperar nuestra sociedad sin contar con ella. Hasta el momento solo hemos visto el apoyo de las grandes empresas y la relajación de las normas ambientales y de participación, y ése no es el camino para conseguir que España remonte la actual crisis económica y social”, ha declarado Raquel Montón, portavoz de Greenpeace España.
Como consecuencia de esta falta de participación, la ciudadanía queda excluida sobre cómo los Estados miembros pretenden utilizar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, que asciende a 672.000 millones de euros, lo que hace temer por la capacidad de los países europeos para recuperarse de la recesión económica mientras avanza hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos de Europa a largo plazo.
La semana pasada, la Comisión Europea publicó unas orientaciones sobre la elaboración de los planes en las que recomendaba a los Estados miembros que consultaran a la sociedad civil sobre la lista de inversiones, que debe presentarse en abril. En una carta de seguimiento dirigida a los vicepresidentes de la Comisión, Timmermans y Dombrovskis, los grupos destacaron que dejar de lado apresuradamente estos requisitos legales pondrá en peligro el propio objetivo de la UE de convertirse en un emisor cero neto de gases de efecto invernadero para 2050.
“Es posible acometer una recuperación económica y social que nos lleve a una sociedad más resiliente, al tiempo que se descarboniza la economía y combatimos la crisis de la biodiversidad. Los fondos europeos pueden ser una contribución a este objetivo, pero hacen falta cambios sistémicos y acabar con la actual opacidad y exclusión de la sociedad civil en torno a los planes de recuperación. No se pueden abordar la recuperación y la transformación económica, de espaldas a la sociedad civil”, ha señalado Montón.
Atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Europea, sobre la contribución de organizaciones como Greenpeace España, la pasada semana la organización ecologista presentó el informe Darle la vuelta al sistema: Un 4,8% del PIB para entrar en números verdes, elaborado por la consultora Abay Analistas para Greenpeace, que revela que una inversión de 197.000 millones de euros en los próximos cuatro años (equivalente al 4,8% del PIB) permitiría poner en marcha un paquete de 117 medidas para recuperar y transformar el país en clave verde y justa. El informe también analiza y plantea el papel de la sociedad civil medioambiental y social en la articulación de soluciones. Y dedica una tercera parte del mismo a la necesaria participación de la sociedad civil, que tiene que ir más allá de la solicitud de información y transparencia porque es imprescindible que la participación sea más activa en el codiseño y en la elección de los proyectos que se realicen.
Para Raquel Montón, “darle la vuelta al sistema exige hacer las cosas de manera diferente; si actuamos como siempre no cambiaremos nada, como dijo Albert Einstein. Consumidores, consumidoras, ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, empresas privadas o grupos de interés, son esenciales a la hora de generar y ejecutar soluciones innovadoras”.