mil21 | Miércoles 27 de enero de 2021
El Grupo Parlamentario VOX ha interpuesto un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tras recibir una "inaceptable" respuesta del Gobierno sobre el uso de los fondos -26 millones de euros- en subvenciones nominativas a entidades del Tercer Sector aprobadas en Real Decreto 33/2020 de 3 de noviembre.
El pasado 19 de noviembre el pleno del Congreso debatió la aprobación del Real Decreto 33/2020 “de adopción de medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal”.
Un texto que habilitaba el envío de fondos a entidades como el Banco de Alimentos (166.783,26 euros), Cáritas española (811.977,69 euros) o la Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica (1.114.993,27 euros), pero que "colaba subvenciones directas a asociaciones poco o nada relacionadas con el objeto del Real Decreto", que no era otro que ayudar a un desbordado Tercer Sector a paliar las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis de coronavirus.
Así, a las subvenciones antes citadas se añadían en el Real Decreto subvenciones directas a la Federación estatal de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras (49.208 euros), a la Fundación Secretariado Gitano (634.357 euros), Unión de jubilados y pensionistas de UGT (49.208 euros), Asociación de Mujeres libres y combativas (43.211 euros), Federación de Mujeres Progresistas (196.360 euros), Asociación de Mujeres Juristas Themis (64.414 euros) o Fundación Triángulo (53.793 euros).
“Que este Gobierno admita que las entidades del Tercer Sector ya ni siquiera pueden hacer frente a la demanda social que reciben es la prueba más evidente de que ha fallado estrepitosamente en su deber de proteger a los ciudadanos, que tienen que acudir cada día a hacer cola frente a un establecimiento benéfico para que les den arroz, lentejas o pañales”, denunció en la tribuna del Congreso la diputada de VOX Maria Ruiz, encargada de fijar posición en el debate en Pleno.
“Para los ciudadanos es muy importante saber cuál es el objeto de esas entidades que recogen dinero del Estado; saber a quiénes y para qué estamos dando ese dinero”. “No sabemos, por ejemplo, por qué recibe más dinero la Federación de Mujeres Progresistas que el Banco de Alimentos”, preguntó Ruiz, que anunció que VOX exigiría “los convenios y los expedientes completos que articulan esas subvenciones nominativas” para “destapar a quienes tienen tan pocos escrúpulos como para usar los recursos públicos para sus propios fines, actuando de forma egoísta e insolidaria con quienes de verdad necesitas los recursos del Estado”.
Promesa cumplida
Y, como había anunciado, después de apoyar la aprobación de ese Real Decreto para que entidades del Tercer Sector como Cáritas o Banco de Alimentos pudieran seguir “recogiendo alimentos y repartiendo comida en parroquias y comedores sociales”, VOX registró en el Congreso hasta 19 solicitudes de informes y documentos reclamando los expedientes completos de las distintas subvenciones concedidas.
Una solicitud que el Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha ignorado con una inaceptable respuesta fechada el 20 de enero y enviada al Grupo Parlamentario VOX en la que señala que la “iniciativa, el criterio de oportunidad y capacidad del gasto en la ejecución del presupuesto corresponde al Gobierno de España”.
Denuncia ante el Supremo
Ante tal respuesta, y ante el incumplimiento del deber del Gobierno de facilitar a los diputados del Congreso la información que le sea solicitada (artículo 7 del reglamento del Congreso), el Grupo Parlamentario VOX ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo denunciando la actuación del Ejecutivo -que debe rendir cuentas ante los ciudadanos del uso que hace del dinero público, máxime cuando este se ha repartido apelando a la dramática situación de ruina que atraviesan millones de españoles víctimas, no sólo de la epidemia de coronavirus, sino de la negligente e ineficaz gestión del Ejecutivo Sánchez-Iglesias-.
Con este recurso VOX pretende que se ordene al Ministerio de Iglesias a aportar los expedientes solicitados.
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