Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que encabeza el presidente de la misma, Manuel Marchena Gómez, que deben resolver sobre la reapertura o no de la causa especial 21092/2018 derivada de la querella que Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, presentaron contra el ex jefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras personas por la supuesta comisión de 13 delitos han decidido pasar las actuaciones ‘al Ministerio Fiscal para que informe sobre competencia y contenido de la querella formulada’.
Así se recoge en la diligencia del Alto Tribnal que han recibido los querellantes, firmada por Marchena en su calidad de presidente y en nombre del resto de magistrados que entienden de este asunto: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García y Susana Polo García.
Además, la misma sala ha remitido también otra diligencia, en este caso de ordenación, en la que da ‘por recibido el escrito de ampliación de querella’, que IU y el PCE presentaron ante esta instancia judicial el pasado 16 de diciembre.
En la primera de las resoluciones mencionadas se informa a su vez a los querellantes de que ‘se tiene por consignada, en plazo, la fianza por importe de 12.000 € que le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa y se declara bastante’.
A partir de ahí, y a la espera de lo que informe la Fiscalía del Supremo sobre el caso de cara a la decisión de reapertura o no de esta causa especial, la Sala Segunda indica que da ‘por formulada querella contra D. Juan Carlos de Borbón y Borbón y otros al que se atribuye la presunta comisión de, entre otros, un delito de cohecho y otros’.
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, depositaron a comienzos de diciembre la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre para poder ejercer la acusación popular. El Tribunal Supremo reactivaba así las diligencias relativas a esta causa especial después de que los querellantes hubieran solicitado su reapertura el pasado mes de julio.
La querella original fue registrada en diciembre de 2018 y archivada por prácticamente los mismos magistrados que vuelven a entender del asunto en poco más de seis meses -en verano de 2019-, todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales.
En relación al segundo de los escritos que los querellantes han recibido en los últimos días, la Sala Segunda del Supremo, además de dar ‘por recibido el escrito de ampliación de querella’ registrado hace menos de dos semanas, señala tambien que ‘estando la causa pendiente de que se emita informe por el Ministerio Fiscal, dese traslado al mismo de esta ampliación’.
La querella inicial está dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su amante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. La reciente ampliación completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Menzoda, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
El amplio escrito de ampliación, muy detallado, incorpora los casos conocidos en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el todavía rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del citado empresario Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales y Estados opacos a las investigaciones del fisco.
“De la lectura de la presente ampliación de querella -señalan PCE e IU en su escrito-, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo”.
Recuerdan que existen evidentes “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.
Tanto los hechos delictivos recogidos desde un primer momento como los que se detallan en la ampliación de la querella se corresponden a 13 delitos -siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Los querellantes abordan también la supuesta inviolabilidad de la que gozaría Juan Carlos de Borbón en sus acciones. “Aún pudiendo apreciarse la inviolabilidad del rey emérito durante los años en que estaba en el ejercicio pleno del cargo de jefe de Estado -señalan en la ampliación-, ésta no debe ser óbice para la apertura de una investigación judicial una vez ya no está en el ejercicio del cargo, y menos aún por hechos delictivos que se perpetúan una vez traspasado el periodo de inviolabilidad, como es la defraudación a la Hacienda Pública, por hechos delictivos cometidos una vez extinguida la inviolabilidad, como es el afloramiento de los efectos delictivos o blanqueo de capitales”.