Los crímenes en el ámbito de la pesca se producen desde hace décadas en diferentes partes del planeta por grupos organizados especialmente peligrosos que implican desde la destrucción de ecosistemas hasta el fraude, el tráfico de drogas y la esclavitud de personas.
Un artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature por parte de investigadores de universidades de Sudáfrica, Ghana, Indonesia, Dinamarca y México, entre otras, hace una recapitulación de los crímenes organizados en el mar, identifica algunos casos muy graves, muestra el perjuicio que generan desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, y ofrece pautas para que se resuelvan estos crímenes de forma más eficaz en el futuro.
Uno de los ejemplos que ilustra este artículo es el caso Vikingo, en el que la armada indonesia interceptó en 2016 el buque pesquero con ese nombre en sus aguas, que capturó y vendió bacalao de profundidad de forma ilegal durante más de una década en el océano Antártico, y en el cual estuvo implicado una persona de nacionalidad española. Indonesia les condenó a pena de prisión de seis años por la falsificación de documentos. Asimismo, como las redes de enmalle que emplearon superaban las medidas establecidas legalmente, fueron condenados por esto a una pena de prisión de cinco años y una sanción económica de unos 150.000 dólares.
Este tipo de delitos es una de las principales preocupaciones de organizaciones internacionales, por constituir una amenaza para la paz y seguridad mundial. Tanto es así que, en 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a todos los estados su implicación para estudiar el vínculo entre la pesca ilegal y el crimen organizado en el mar. Además, en 2018 se produjo la Declaración Ministerial sobre la delincuencia organizada transnacional en la industria pesquera mundial (Declaración de Copenhague) que actualmente respaldan 28 estados, la cual marca un rumbo hacia el compromiso global para combatir el crimen organizado de pesca que ayude a fomentar una economía oceánica sostenible.
Muchos de estos delitos traspasan las fronteras de los estados, y se producen en alta mar, donde habitualmente no existe una regulación específica ni vigilancia, lo que complica enormemente su investigación.
Este tipo de delitos no son casos aislados, sino más bien poco conocidos y difícilmente detectables por la gran complejidad que comprenden. Entre los numerosos problemas que implican, se encuentran:
Los impactos ambientales que produce la pesca Ilegal a gran escala están bien documentados, e incluyen no solo daños severos al estado de poblaciones comerciales, sino también prácticas destructivas que socavan los ecosistemas marinos, a causa de, por ejemplo, derrames de aceites o químicos durante el ataque a otros buques.
Según un estudio de 2020 liderado por el prestigioso investigador Rashid Sumalia, se estimaron que las capturas de pescado comercializadas ilegalmente suponen entre 7,7 y 14 millones de toneladas cada año (el 85% provenientes de Asia, África y América del Sur), cifra que cobra especial relevancia sabiendo el estado desfavorable que presentan los recursos pesqueros a nivel global, que, según la FAO, declara que un tercio de las poblaciones mundiales están sobreexplotadas.
Pero también genera un impacto notable en la biodiversidad y en el conjunto del ecosistema marino. Por ejemplo, la pesca con dinamita puede destruir valiosos hábitats como arrecifes de coral, que son el refugio de cría y alimentación de numerosas especies. Por otro lado, el uso de redes de enmalle ilegales ha llevado a la vaquita marina (víctima de captura incidental) al borde de la extinción, un problema compartido por otras especies como por ejemplo las aves marinas.
Según el mencionado estudio de Sumalia, dichas capturas ilegales alcanzan un valor de entre 9.000 y 17.000 millones de dólares anuales, que son invertidos en mercados ilegítimos y que perjudica gravemente a todos los pescadores que sí pescan con criterios de responsabilidad. De hecho, otro estudio del 2017 demuestra que la sobreexplotación de la langosta de roca de la costa oeste ha llevado a que miles de pescadores de subsistencia no tuvieran suficientes cuotas, y, en consecuencia, algunos hayan desarrollado actividades ilegales para aumentar su fuente de ingresos.
En este tipo de delitos suele ser frecuente la falsificación de documentos y la evasión de impuestos. Este tipo de crimen organizado es especialmente corrupto, donde los sobornos para reducir las sanciones o ignorar la captura ilegal de pescado están a la orden del día. Asimismo, los buques pesqueros son medios de transporte ideales para el tráfico de drogas, dada su alta presencia en el mar, falta de vigilancia y su facilidad para transbordar y acceder a pequeños puertos.
En Nigeria, por ejemplo, un artículo de 2020 liderado por Ife Okafor-Yarwood revela que los pescadores costeros tienen miedo de salir al mar por los ataques violentos de los barcos piratas ilegales que participan en robos a mano armada en el mar y contrabando de petróleo, lo que conlleva a que las mujeres encargadas de su posterior venta, al carecer de suficientes productos, se ven obligadas a ejercer la prostitución para llegar a fin de mes.