La decisión de la Justicia mexicana de abrir la puerta a la legalización de la marihuana ha enfurecido a los bancos involucrados en el blanqueo de miles de millones procedentes del narcotráfico. Tratan de impedir que los principales partidos de México, primer productor de marihuana de América Latina, la despenalicen y que el “contagio” se extienda al resto de países.El fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 4 de noviembre, favorable al consumo de marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro, es fruto de un recurso de cuatro abogados que representaban a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, entidad fundada en 2013 con objeto de llevar el debate de la despenalización por la vía jurídica.
Los magistrados han fundamentado el dictamen en que por encima de los daños a la salud está la libertad de la persona, y que el riesgo de la marihuana es menor o similar al tabaco, y su prohibición, por tanto, resulta desproporcionada.
Los magistrados argumentan que por encima de los daños a la salud está la libertad de la persona
La sentencia establece un precedente: que toda petición por vía judicial se podrá acoger al derecho a consumir marihuana, igual que se fuma tabaco, y siempre que sea sin ánimo de lucro.
El hecho de que México, segundo productor de América Latina, abra la puerta a la legalización de la marihuana y la sola posibilidad de que otros países sigan sus pasos, ha enfurecido a los bancos que obtienen enormes beneficios con el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico, según señalaron a MIL21 fuentes diplomáticas latinoamericanas.
Legalización contra narcotráficoLa legalización de las drogas es un viejo debate, intencionadamente pospuesto por gobiernos y organismos internacionales, pues supone que la venta libre de sustancias estupefacientes desplomaría los precios, acabaría de un plumazo con el narcotráfico y los bancos que se lucran del blanqueo del dinero procedente de esta actividad ilícita dejarían de ingresar miles de millones.
La sentencia allana el camino a la legalización de la marihuana y pone en evidencia a la mayoría de los partidos políticos mexicanos
Los partidos mexicanos se encuentran divididos, aunque ninguno se opone abiertamente a la legalización de la marihuana por temor a perder votos. La prensa azteca ha denunciado durante años la corrupción y connivencia de los políticos con los cárteles de la droga. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierdas, defiende la inmediata despenalización del consumo. El PRI, del presidente Enrique Peña Nieto, propone consultar a la población en un referéndum. Y el Partido de Acción Nacional (PAN), conservador, sugiere abrir un debate.
Por su parte, el Gobierno mexicano se ha apresurado a asegurar que la resolución del alto tribunal no sienta jurisprudencia, porque se necesitan cinco fallos, ni obliga a cambiar ninguna ley, dado que sólo afecta a los cuatro abogados litigantes. “La siembra, suministro y comercialización de la marihuana siguen siendo un delito”, subrayó el portavoz del Ejecutivo, Eduardo Sánchez.
La tragedia mexicana
Desde 2006 han muerto más de 80.000 personas por el narcotráfico y 26.000 han desaparecido. Con 95 muertes por cada 100.000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, México es el país con la tasa más alta de mortalidad juvenil.
Se estima que el 90% de la cocaína que entra en Estados Unidos pasa por México, y entre un 40% y un 67% de la marihuana proviene de México. Las estimaciones oficiales elevan a 2.000 millones de dólares anuales el tráfico de marihuana entre México y Estados Unidos.
Informes recientes de las agencias internacionales que combaten el crimen organizado señalan que los cárteles comienzan a sustituir el negocio de las drogas por el del tráfico de órganos, de personas y robo de petróleo, además de la prostitución.
Estados Unidos ha cambiado su política y acepta que cada nación es libre de decidir sobre el consumo de drogas
El Gobierno de Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, apoya la decisión de México. “Es el pueblo de cada nación el que decide su propia política sobre el consumo de drogas”, afirmó.
Las fuentes diplomáticas consultadas explican que será necesario esperar un tiempo para ver si, realmente, Estados Unidos no interfiere en las decisiones internas de los países latinoamericanos sobre la legalización de la marihuana y otras drogas.
La posición de WashingtonWashington gasta un cuantioso presupuesto para combatir el crimen organizado y emplea a miles de funcionarios con este objetivo, además de utilizar con fines estratégicos la lucha contra el narcotráfico a escala global.
Cambiar de la noche a la mañana todo este complejo entramado de intereses, reasignar al personal en otras funciones y negociar con los bancos que se dedican al blanqueo del dinero de la droga, es un proceso largo y complejo, a juicio de las fuentes diplomáticas.
No obstante, algo se empieza a mover. Tras la reciente despenalización en cuatro estados (Colorado, Washington, Alaska y Oregón) y el referéndum previsto en California el próximo año coincidiendo con las elecciones presidenciales, la Administración Obama ha dado un giro de 180 grados respecto al cumplimiento de los tratados sobre el consumo de drogas.
Impuestos como el alcoholHasta 2012 el Departamento de Estado era contrario a legalizar la marihuana bajo el argumento de que era una violación de los tratados internacionales. Sin embargo, hoy ocupan un lugar preferente para justificar su legalización los beneficios económicos que reportaría a las arcas públicas gravar su venta con impuestos similares a los del alcohol.
En el caso de California está permitido el uso de la marihuana con fines médicos desde hace 20 años. Basta con una receta extendida por un médico y un carnet de consumidor que da derecho a comprarla en dispensarios controlados. Esta fórmula se ha convertido en un coladero, al ser relativamente fácil obtener una prescripción médica.