Greenpeace ha podido constatar cómo el aumento de la presión por parte de las flotas pesqueras internacionales en países de África occidental, como Senegal, está teniendo un grave impacto en el empleo, la economía y la seguridad alimentaria en toda la región, lo que está provocando que cada vez sean más las personas que se vean forzadas a emigrar aun a riesgo de jugarse la vida durante la travesía.
La costa noroccidental africana es barrida a diario por numerosos barcos de bandera o capital extranjero o mixto, principalmente asiáticos y europeos, que prácticamente dejan sin recursos a las poblaciones locales. En Senegal, la pesca artesanal tiene un fuerte peso social, ya que aporta aproximadamente las tres cuartas partes del consumo de proteínas de origen animal y emplea alrededor de 600.000 personas. Recientemente se ha renovado el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Senegal, que permite faenar en la zona a 45 barcos europeos, 29 de ellos españoles.
El problema de la sobrepesca es agravado por el de las fábricas de harina y aceite de pescado, que son utilizados por compañías internacionales para abastecer proyectos de ganadería industrial y acuicultura. Estas fábricas se nutren en su mayor parte de pequeñas especies pelágicas, como la alacha, que son precisamente el principal objetivo de las embarcaciones locales. La empresa española Barna, perteneciente al fondo de inversión Corpfin Capital, está actualmente construyendo una de estas fábricas en la localidad de Cayar, al norte de Dakar. El proyecto se ha encontrado con una fuerte oposición local, que ve cómo sus empleos y su alimento corren peligro, especialmente el de las mujeres que tradicionalmente procesan antes de su venta el pescado capturado por los pescadores. Esta factoría se sumaría al medio centenar que ya hay en Senegal, Gambia y Mauritania.
“El incremento de la pesca industrial y de la instalación de fábricas extranjeras de harina y aceite de pescado en la costa de África occidental está teniendo un grave impacto en el empleo y la seguridad alimentaria de millones de personas en la región, una problemática que empuja a sus jóvenes a subirse a los cayucos en busca de futuro. La forma más sostenible de abordar el fenómeno migratorio forzado es mitigar las causas que lo originan. Por ello, además de mejorar las políticas de acogida, es fundamental la implicación de los gobiernos europeos para limitar el expolio de recursos en los países de África occidental”, ha declarado Javier Raboso, responsable del proyecto de derechos humanos de Greenpeace.
El equipo Greenpeace en Senegal, que lleva años colaborando en la preservación de los recursos pesqueros y naturales de la zona, ha recabado numerosos testimonios de personas que han puesto rumbo a las islas Canarias o han anunciado que lo harían tras perder su empleo en el sector pesquero. “Muchas de las personas de Senegal que han perdido la vida intentando llegar a Canarias o que lo han conseguido se han visto obligadas a hacerlo por el riesgo de perder su forma de vida vinculada a la pesca sostenible, que da prioridad al consumo local y asegura la supervivencia de las especies, por eso es esencial preservar esta alternativa para las futuras generaciones. Es una cuestión de derechos humanos asegurar que las personas tengan una vida digna en sus países y no verse obligados a arriesgar sus vidas en peligrosas travesías”, ha declarado Ibrahima Cisse, experto en Océanos de Greenpeace África.
Greenpeace también ha podido constatar cómo la situación ha empeorado en los últimos meses, debido a la incidencia de la pandemia, ya que las flotas internacionales han seguido pescando, mientras que los pescadores y procesadoras de pescado locales se veían impedidas por las restricciones de las autoridades, lo que ha agravado aún más la crisis alimentaria de la población local.