Miércoles 02 de diciembre de 2020
Tres años después, una querella presentada por Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del ex presidente catalán, contra 'altaveu.com' por una información publicada sobre una investigación al que estaba sometido por la Justicia andorrana ha acabado archivándose. Del todo. En pleno apogeo del 'caso BPA' y con los Pujol situándose, para bien o para mal, en el epicentro de una trama que habría ayudado decisivamente a hacer caer el banco andorrano, los representantes legales de Pujol Ferrusola trataron de poner el miedo en el cuerpo a este digital.
Todo partía de una información precisa, objetiva y con todo tipo de detalle de una investigación judicial abierta a Oleguer Pujol. La información, publicada en agosto de 2017, cuando altaveu.com aún tenía el formato de blog, reproducía elementos de un documento judicializando inicialmente surgido de la UIFand que revelaba unos movimientos bancarios del hijo pequeño del ex mandatario catalán. Con datos de todo tipo que han aparecido durante años los Pujol a todos los medios de comunicación, como mínimo, del Estado vecino del sur, el 18 de octubre de 2017 los asesores jurídicos de los Pujol en Andorra, encabezados por el abogado Jean-Michel Rascagneres, presentaron una querella que tenía como hecho motivante aquella información.
Cuatro días más tarde, sin ningún tipo de dilación, la querella fue admitida a trámite. Se perseguían tres delitos mayores: revelación de secreto por parte de funcionario; violación de secreto profesional; y revelación de secretos . Curiosamente, altaveu.com se enteró de la querella antes de que el juzgado la comunicara oficialmente y, además, lo supo a través de fuentes establecidas en Barcelona. Cuando el responsable legal del blog fue convocado a prestar declaración se explicó esta situación, poniendo de manifiesto que tal vez había que buscar el origen de las filtraciones en la otra parte. No sólo eso, también se pusieron en conocimiento del juzgado otras informaciones relativas a Pujol y Andorra.
Nada de esto fue escuchado por los organismos judiciales, que sí admitieron que sobre la información publicada no había ningún reproche que hacer. Pero que había una documentación que no se habría tenido que filtrar. Incluso se llegó a investigar un despacho de abogados por si desde allí se hubiera podido facilitar el dossier judicial. La representación letrada de los Pujol ha insistido en diferentes ocasiones que era necesario que el juzgado siguiera 'acusando' a altaveu.com. De hecho, incluso cuando el alcalde instructor de la causa dijo por segunda vez que no había elementos para perseguir a nadie, los Pujol recurrieron en contra de aquella decisión.
El alcalde finalmente, a principios de este 2020, decidió procesar el bloguero de altaveu.com, como responsable de la publicación, por un mínimo delito menor de revelación de secretos. Un premio muy exiguo ante la insistencia de los Pujol. El dossier se trasladó al Tribunal de Cortes para que pusiera en marcha el juicio pertinente si procedía. Siguiendo el procedimiento penal, la sala presidida por Josep Maria Pijuan pidió a las partes que dijeran lo que tenían por conveniente. Altaveu.com, bajo la dirección letrada de Alfonso Clavera, siempre ha mantenido que no había ningún tipo de delito.
Que la información era verídica y claramente documentada. Que había publicado una información a la que había tenido debidamente acceso, que el contenido de la información era de interés público y que también el investigado era público en tan qué es notorio que hay miles de informaciones y datos seguramente mucho más sensibles sobre él y su familia haciendo una sencilla búsqueda en Internet. Después de tres años, los Pujol desistieron, ya no insistieron más. Y la fiscalía solo tuvo el camino de pedir el archivo definitivo de la causa .
Y es que además de recordar el ministerio público que no había elementos suficientes para poder decir que altaveu.com hubiera revelado nada que no pudiera, t ambién afirmó que a pesar de que un procedimiento judicial no es estrictamente público, también era evidente que en relación a la causa no se había decretado ningún secreto de sumario y, por tanto, todas las partes intervinientes en las actuaciones habría podido acceder y, consecuentemente, hacerla llegar donde fuera necesario hasta facilitar su, eventualmente, su difusión.
Sin acusación posible, el Tribunal de Cortes ha tenido que decretar recientemente, como mantenía altaveu.com desde el inicio, el archivo de la causa. Y puso punto y final de esta manera al intento, uno más, de silenciar este digital.
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