Casado: "La propuesta de Sánchez es la constatación de un gran fracaso"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido este lunes que se limite el estado de alarma a ocho semanas para salvar la campaña navideña, dar tranquilidad a los españoles y adaptar la legislación ordinaria sin necesidad de depender de los tribunales.

“Es una oferta generosa, duplicando ya lo que para nosotros debería ser un límite básico, que es la jurisprudencia que tenemos hasta ahora, y razonable para lo que pide la UE”, ha considerado.

Por otro lado, reclama la rebaja del IVA de las mascarillas y que se realicen pruebas PCR en los aeropuertos y las grandes estaciones de ferrocarril.

Anuncia además que el PP apoyará en el Congreso el nuevo marco del sistema de pensiones del Pacto de Toledo, y asegura que la propuesta de Sánchez es “la constatación de un gran fracaso”, después de que en julio anunciara que se había derrotado al virus, se fuera de vacaciones y responsabilizara a las CCAA de la gestión. “O no se dijo la verdad entonces o había una agenda oculta”, sostiene.

El presidente popular mantiene que la responsabilidad en periodo de pandemias es del Gobierno y no resulta adecuado que se “parapete” en las CCAA. “Eso no es gobernanza”, señala el presidente del PP, quien pone como ejemplo la labor de coordinación de Merkel y asegura que no puede haber “17 mandos sanitarios y 17 respuestas distintas”, y advierte de que la iniciativa del Gobierno contiene aspectos que podrían ir contra la Constitución, porque no habrá control jurisdiccional en la limitación de derechos fundamentales que plantea el real decreto.

Casado recuerda que la figura del estado de alarma es una “excepcionalidad constitucional”, que tiene que estar “tasada” en tiempo y alcance, y sujeto a un control parlamentario que no se puede sustituir por la comparecencia del ministro Illa, y señala que el texto contraviene las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa porque la excepcionalidad de los estados de alarma debe durar lo menos posible y acudir a la legislación ordinaria.

Insiste en la modificación urgente de la ley 3/86 que permitiría limitar la movilidad en caso de pandemia, que la vicepresidenta Calvo reconoció que había que hacerla, que el ministro Campos registró en el Senado y que el propio Sánchez apostó por hacerle en la aprobación de la sexta prórroga.

“No queremos que la UE vuelva a mandar una advertencia seria a España para el cumplimiento de la separación de poderes y la independencia judicial”, destaca, afirmando que las previsiones económicas del Gobierno con la caída del PIB y el alza del déficit “son dantescas” y advierte de que estamos en parámetros que equivalen a todo el plan de reconstrucción europeo que recibirá España en los próximos seis años.

Por su parte, recuerda que las asimetrías entre los países europeos que sitúan a España como un país “rezagado” y que peor saldrá de la crisis sanitaria, como advierten el FMI, la OCDE o Eurostat, pueden afectar a la capacidad de absorción de los fondos y de financiarnos en el Banco Europeo.

Muestra su preocupación porque, a la crisis de demanda, se sume una crisis financiera cuando la morosidad y posibles impagos afecten a la economía productiva en España. Y, respecto a los PGE, Casado incide en que “la receta no es subir 9.000 millones y expandir el gasto un 53%”. “No es el camino si no va acompañado de una optimización de recursos en un momento clave y crítico para nuestro país”, señala.

Por ello, apuesta por un plan nacional de reformas, el cumplimento de las recomendaciones semestrales de la UE y la creación de una autoridad independiente para la gestión de los fondos comunitarios, como han hecho Francia, Italia o Grecia, para evitar “clientelismo y partidismo” y dar una mayor eficacia en la tramitación de las ayudas.

Por último, desgrana el plan “5x5” con propuestas de bajada y eliminación de impuestos, flexibilidad laboral con mantenimiento de la reforma que ha creado empleo, apuesta por la educación, reforma de la administración, mejora de la competitividad y refuerzo de la seguridad jurídica:

1. Plan Fiscal:

- Rebajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%
- Reducir el IRPF en todos los tramos.
- Eliminar los impuestos de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio.
- Impulsar un plan fiscal atractivo para la deslocalización empresarial: start-ups, desarrollo y su consolidación.
- Eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
- Exención fiscal para empresas afectadas y ampliación en un año del periodo de carencia de los créditos ICO.

2. Flexibilidad Laboral:

- Extensión de los ERTE, en especial a los sectores afectados.
- Mantenimiento de la Reforma Laboral.
- Creación de una nueva modalidad de contratación bonificada a trabajadores que han perdido su empleo por el COVID.
- Ampliación de la tarifa plana para los autónomos.
- Reformar la Ley de Segunda Oportunidad.
- Apostar por el Teletrabajo a partir de la flexibilidad y el acuerdo y apoyar la universalización del 0-3 en Educación Infantil como palanca para la conciliación.

3. Educación:

- Impulso de la FP dual.
- Promoción del bilingüismo.
- Refuerzo de los currículos de las asignaturas STEM.
- Transformación Digital.
- Orientación del currículum a la empleabilidad futura.
- Evaluaciones Nacionales.

4. Administración:

- Menos Estado y más sociedad.
- Autopista administrativa: que una empresa pueda crearse en 5 días.
- Transformar el sistema de licencia previa por el de “declaración responsable”.
- Impulso y nueva reforma de la Unidad de Mercado.
- Racionalización Administrativa en la senda de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
- Ley de Crecimiento Empresarial.

5. Competitividad

- Reindustrialización del tejido productivo en España e internacionalización de las empresas, con apoyo de la Administración, reformulando el esquema de la acción exterior.
- Digitalización. Apuesta por el 5.0.
- Sostenibilidad ambiental.
- Apoyo al sector primario. Aranceles y recuperación de los fondos de la PAC.
- Seguridad Jurídica. Economía libre y desregulación, con leyes claras y ausencia de discrecionalidad.