Canarias continúa sufriendo las consecuencias de la masiva llegada de ilegales que cada día desembarcan en sus costas.
El incremento de llegadas con respecto al año anterior es del 688.1%. En octubre de 2019 fueron 1.028 los ilegales llegados a Canarias, sin embargo, en octubre de este año 2020 son ya más de 8.000, una brutal diferencia de 7.000 personas.
El alarmante problema de inmigración ilegal viene produciéndose desde hace tiempo. Ya en 2018, los datos que ofrecía el Ministerio del Interior eran notables. El incremento entre 2017 y 2018 fue de un 800% con 959 llegadas. A día de hoy, los datos reflejan algo más de 8.000.
Tras realizar un detallado análisis, puede señalarse que Canarias ha recibido más inmigrantes ilegales en este momento que en todo el territorio nacional en los años 2011, 2012, 2013, 2014 o 2015, algo realmente alarmante para nuestro país que pone en jaque la integridad fronteriza de nuestro país así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
VOX lleva tiempo advirtiendo de la situación que viven nuestros vecinos de Canarias, "olvidados y silenciados por el gobierno de Sánchez e Iglesias". Por ello, el pasado fin de semana, la diputada de la formación por Almería, Rocío de Meer, quiso visitarles para conocer sus problemas de primera mano.
La parlamentaria acudió a varios lugares azotados por la llegada de pateras. En primer lugar se desplazó a Tenerife, donde se reunió con la delegación de VOX para analizar la situación de la isla. Mas tarde, visitaron el barrio obrero de El Fraile, uno de los más degradados por la okupación, el multiculturalismo y la violencia.
Posteriormente, la diputada de VOX se trasladó a Las Palmas. Recogió los testimonios de varios vecinos de Tunte, otra zona afectada por la presencia de varios centros de acogida de inmigrantes ilegales. Por último, asistió a una de las mayores concentraciones de recepción de pateras en toda España: el muelle de Arguineguín.
El muelle se encuentra actualmente habitado por cientos de inmigrantes hacinados entre ellos, lo que supone un grave riesgo para las autoridades que los asisten, ya que no poseen conocimiento sobre su estado de salud así como si son o no positivos en Covid-19.