Los delitos que se les imputan son: denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, de los artículos 456 y 457 Código Penal, estafa procesal, del artículo 250.1.7º Código Penal, tráfico de influencias del artículo 428 Código Penal, revelación de secretos, de los artículos 417 y 418 del Código Penal y estafa procesal del artículo 250.1.7ª del Código Penal.
En su escrito, la vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro, analiza desde la implicación del miembro de Fiscalía Anticorrupción querellado, en una presunta connivencia con la abogada de la formación morada, y que en el marco de una posible relación sentimental, para la obtención de información secreta y privilegiada, pasando por las contradicciones de las declaraciones de los implicados hasta llegar a la ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos.
Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias realizaba una serie de comentarios machistas sobre Mariló Montero. “La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros”, explica Castro en la querella.
También, el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos.
La exasesora de Iglesias dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017. Sin embargo, Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido, implicando así a Iglesias. “Si en el Grupo Zeta, el vicepresidente la pudo revisar y Dina no, fue él quien la quemó. Así, este lunes, el juez dictaba un auto en el que encargaba nuevas investigaciones a Asuntos Internos”, se explica en el escrito.
Por último, Castro destaca que en el caso de Iglesias, obedece a una estrategia por la que “victimizarse” para sacar rédito político y que los abogados de Podemos concertaron con Fiscalía Anticorrupción para intentar implicar a OK Diario en el Caso Dina. Ahora, la denuncia del abogado de Podemos, Calvente hay más pruebas de todo ello.
Finalmente, la querella solicita que se tome declaración a los cuatro querellados; que se requiera a Marta Flor, a José Manuel Calvente y al fiscal Ignacio Stampa copia íntegra testimonial de los mensajes que intercambiaron los interesados entre sí.
Se solicita también que se recabe la información publicada sobre los hechos referidos en los medios de comunicación y páginas web sobre los hechos que hayan sido publicadas, para que sean contrastadas por la unidad correspondiente a fin de certificar las mismas.