A juicio del Ejecutivo autonómico, este órgano adoptó una decisión careciendo del preceptivo consenso, lo que determina que la resolución aprobada sea jurídicamente nula.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha explicado este viernes en rueda de prensa con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que la Comunidad de Madrid presentará, además, un recurso ante la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que genere “seguridad y certidumbre” a los ciudadanos en el futuro.
De momento, y partiendo de un “principio de prudencia”, el Ejecutivo regional acatará la Orden ministerial “por responsabilidad” y para poner fin al “caos” generado por el Gobierno de España.
Esta nueva normativa que recoge medidas de restricciones para diez municipios de más de 100.000 habitantes entra en vigor a partir de las 22:00 horas de este viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
En su escrito, el Ejecutivo regional considera, además que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad asumió una competencia que no le correspondía y que afectaba a la adopción de medidas sanitarias, una capacidad exclusiva de la Consejería de Sanidad.
Estas medidas suponen limitaciones de derechos fundamentales que, en cualquier caso, deben respetar principios de utilidad y proporcionalidad, y que, a juicio de la Abogacía General, son propias de un estado de alarma.
Se trata, además, de una “agresión” que genera un impacto económico que puede suponer la pérdida de 8.000 millones de euros y la destrucción media semanal de 18.000 empleos, un daño que, en cualquier caso, la Comunidad siempre ha supeditado a las necesidades de Salud Pública, defensa del interés público y la protección de la salud.
Como señala el escrito, las medidas puestas en práctica por la Comunidad de Madrid en distintas Zonas Básicas de Salud ya perseguían estos objetivos, lo que se ha traducido en la reducción del impacto del virus de hasta el 50% en algunas de las áreas sanitarias donde se han aplicado.
Asimismo, la Orden comunicada por el Ministerio, al ampliar su ámbito de aplicación, puede resultar contraproducente en términos de prevención de la propagación del virus, entiende el Gobierno.
En definitiva, como ha indicado López, el recurso que se presenta no es un escrito “contra el funcionamiento del Estado de Derecho, ni para cambiar la Constitución, ni para saltarse las leyes”.
“Es un recurso para defender el Estado de Derecho, para cumplir con el bloque de constitucionalidad y para defender las leyes que el Ministerio de Sanidad se está saltando”, ha señalado el consejero.
Según ha añadido el titular de Justicia, se trata de un “acto legítimo y responsable, que es leal con el Estado y coherente con nuestra obligación de defender y proteger a los ciudadanos de Madrid, que se merecen certidumbre y no zozobra”.