Las tres organizaciones celebran que el Tribunal Supremo haya abierto así oficialmente la puerta al primer proceso judicial dirigido contra el Gobierno español por incumplimiento de sus obligaciones climáticas.
“Desde el anuncio de la interposición del recurso, numerosas organizaciones internacionales, tanto ambientalistas como jurídicas, se han puesto en contacto con nosotros para manifestar su interés en el caso y brindarnos su apoyo”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones. “La preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de toda Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio para pedir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático, ha sido recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole”.
El anuncio de este proceso judicial se suma así a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.
En su resolución, el Tribunal Supremo requiere al Ministerio para la Presidencia para que, en el plazo de 20 días, remita el expediente administrativo correspondiente al caso por el que se le demanda. Tras ello, el Tribunal Supremo emplazará a las organizaciones para que presenten su demanda, en la que se expondrán los argumentos por los que consideran que el Gobierno está incurriendo en una grave inactividad frente al cambio climático. El incumplimiento principal es que, diez meses después de que finalizara el plazo fijado por la Unión Europea, el Gobierno continúa sin aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) que definan la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, responsables del calentamiento global.
Además, las organizaciones demandantes, que han tenido acceso a los borradores del PNIEC y de la ELP, denuncian que en el primero se prevé una reducción de tan solo el 23% de las emisiones en 2030 respecto a 1990 y que la segunda plantea una descarbonización muy tardía, para 2050. Esta reducción está muy lejos de las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que debería llevar al Estado español a fijar una reducción de al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 para poder mantener el objetivo acordado en el Acuerdo de París de no superar el aumento global de la temperatura del planeta en 1,5º a final de siglo.
Las tres organizaciones consideran que las políticas del Gobierno, pese a que han mejorado respecto a las de los Gobiernos anteriores, continúan siendo muy insuficientes para mitigar el cambio climático y salvaguardar un medio ambiente saludable en el que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en condiciones dignas y saludables.
“Recibimos, por tanto, con alegría y esperanza la admisión a trámite de este procedimiento”, ha concluido Ruiz-Huerta, “y manifestamos nuestra confianza en la justicia para que se logre dar un paso más en la lucha común contra el cambio climático devastador. Nos va la vida en ello”.