En la rueda de prensa posterior, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto en valor este sexto acuerdo alcanzado por Gobierno y agentes sociales sobre los ERTE, que viene a dar “tranquilidad, certeza y ánimos a las familias de nuestro país” y pone de manifiesto algo que “es real: no vamos a dejar a nadie atrás”.
Se trata de un mecanismo “ambicioso” que “contempla, protege, salva y defiende a todos los trabajadores y a todas la empresas de nuestro país” señaló Díaz, para quien “si salvamos el otoño y el invierno, entraremos de lleno en la recuperación, que es en lo que está trabajando el Gobierno”.
La ministra, que entre otras cuestiones ha explicado las tres nuevas modalidades de ERTE (para las actividades a las que se les ha impedido el desarrollo de la actividad mercantil, por la caída de la demanda y para las actividades especialmente goleadas por la pandemia), ha concluido afirmando que “el diálogo es la única manera de construir” y que “los que están crispando demuestran que no tienen un proyecto de país”.
Por su parte, el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha incidido en que el uso de los ERTE supone “un antes y un después en la manera de gestionar las crisis en España”, ya que gracias a ellos se mantienen elevados niveles de empleo.
Explicó que, de los 7.300.000 trabajadores que hubo que proteger y que estaban inactivos a primeros de mayo, ya se han incorporado unos seis millones. Hay por tanto un 78% de trabajadores que estuvieron en ERTE ya activos -150.0000 a tiempo parcial-, mientras que siguen no activos menos de 600.000.
El real decreto-ley aprobado por el Gobierno recoge también la extensión de las ayudas a los autónomos, que ha sido acordado con sus organizaciones, y que incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. Además, para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad -por estar sujeto a una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses- se crea una nueva ayuda por bajos ingresos.
El ministro Escrivá ha dado cuenta también de los reajustes que se han adoptado en relación al Ingreso Mínimo Vital y que, entre otras medidas, va a permitir que todos los solicitantes hasta el 31 de diciembre que obtengan la prestación podrán recibirla con carácter retroactivo desde junio, al tiempo que se facilitará el reconocimiento de ayudas similares autonómicas y estatales.
Explicó igualmente que, con la agilización de determinados procedimientos, espera poder dar “un salto” importante en la tramitación de las más de 900.000 solicitudes, de manera que a finales de octubre “podamos tener ya 180.000 hogares con el Ingreso Mínimo Vital aprobado”, y avanzar en la resolución de expedientes hasta tener el 65-70% ya en proceso de gestión. De ese modo, “llegaríamos a final de año muy cerca de nuestros objetivos iniciales”.
Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció la aprobación de otro real decreto-ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas, que tiene por objeto “regular el teletrabajo” en este ámbito mediante una nueva forma de organización y estructuración del trabajo, con el fin de prestar un mejor servicio a los intereses generales y asegurar el funcionamiento de las administraciones públicas.
Darias avanzó que esta regulación va a ser aplicable a los “más de 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones de nuestro país”. Asimismo, subrayó que esta iniciativa “es fruto del diálogo entre las CCAA, la FEMP” y también se consigue “con acuerdo de los sindicatos que conforman la mesa de negociación”. Por tanto, es “un texto nacido desde el consenso, el acuerdo y el diálogo”, dijo.
La ministra añadió que “se trata de una norma pionera, que introduce una regulación integral del teletrabajo” y cuyas principales características son las siguientes: en primer lugar, establece que el teletrabajo es de carácter voluntario y además reversible; las tareas asignadas al puesto deben ser susceptibles de poder ser realizadas mediante teletrabajo; la persona ha de tener competencias digitales necesarias para la prestación del servicio; el empleado público que preste servicios mediante esta modalidad tendrá los mismos deberes y derechos que el resto del personal que trabaje presencialmente; la Administración competente debe proporcionar los medios tecnológicos necesarios para la actividad, y en ningún caso podrá suponer el incumplimiento de la jornada y el horario.
En definitiva, Darias subrayó que esta norma nos permite “seguir avanzando hacia una administración pública del siglo XXI”.
Por su parte, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno ha aprobado la ampliación hasta el 31 de enero de la suspensión de los procedimientos de desahucio de hogares vulnerables y también la posibilidad de solicitar la moratoria en el pago de las hipotecas y la moratoria o aplazamiento del pago del alquiler gestionados por grandes tenedores de vivienda y por empresas o entidades públicas.
Montero también señalo que el Consejo de Ministros ha acordado la extensión del consumidor vulnerable, con derecho, por tanto, a acceder al bono social, a las unidades familiares que tienen a alguno de sus miembros en situación de desempleo, de ERTE, o que hayan visto reducida su jornada por motivos de cuidados hasta junio de 2021. También se extiende para los empresarios que afrontan circunstancias similares.
Igualmente, anunció que el bono social eléctrico se planteará como un descuento directo en la factura de la luz que beneficia a más de 1,3 millones de consumidores y que, además, este bono social se extiende al bono térmico.
Por último, subrayó también que el Gobierno ha aprobado “mantener la prohibición de cortar el suministro a los colectivos vulnerables”.