El desguace español

De las tres puntas que conforman hoy el escudo defensivo de la Nación (Jefatura del Estado, Poder Judicial y FAS), las dos primeras están siendo objeto, desde el Gobierno y sus terminales, de un brutal y desleal hostigamiento. Tratan de conducir a España a lo que Felipe González acaba de describir como “una republiqueta de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación”. Un camino que desplomaría la Nación y el Estado que configura la Constitución.

La tiránica decisión del presidente del Gobierno impidiendo al Rey presidir, ayer, en Barcelona, la entrega de despachos a los nuevos jueces ha traspasado las líneas rojas de la lealtad y el respeto institucional. Porque la presidencia Real de tal acto apolítico no solo ha sido tradicional desde hace décadas, también obligada como signo de respeto institucional entre la Corona y el Poder Judicial. ¿Cuál es la fuerza moral de ese despótico veto gubernamental contra el cordón umbilical entre el Rey y los que, en nombre de Éste, administran la justicia que emana del pueblo?

Profundizando en la falsedad y la falacia argumental del discurso divisorio comunista, característico del Gobierno, un vicepresidente, Iglesias, y un ministro, Garzón, han acusado cínicamente al Rey de falta de neutralidad política. Es insostenible que tales sujetos, que prometieron ejercer sus respectivos cargos “con lealtad al Rey”, continúen en el Gobierno. Reconozco que lo de esta tropa no sé si es negocio o metafísica, que diría Jaime Gil de Biedma. En resumen, o se desmantela el Gobierno o éste desmantelará el Estado. Así de simple es el grave peligro de la gobernanza de aquellos que, contra viento y marea, harían cualquier cosa para obtener los votos independentistas, que les permitirían, tras aprobar los PGE-21, completar el desguace español.

En ese funesto escenario resulta coherente la declarada intención gubernamental de indultar a los delincuentes del ”procés”, y rebajar la calificación penal del delito de sedición. No puedo obviar que los delincuentes ni han solicitado la gracia ni tan siquiera han mostrado arrepentimiento por sus delitos ―“lo volveremos a hacer”, vocean ufanos―. Veremos cómo acaba el asunto, porque la ley (de 1870) contempla el indulto solo por razones de "justicia, equidad o utilidad pública". ¿En cuál de esas tres cabría incluir el potencial indulto a los sediciosos catalanes? No nos engañemos: la compra de votos a cambio de regalos, cesiones y concesiones políticas es indecentemente antidemocrática.

Las FAS parecen postradas y adormecidas por las notables cualidades anestésicas de la ministra de defensa, Margarita Robles. Sus empalagosas lisonjas milongueras a los militares empleándoles, a la vez, en actividades que no les son propias con la promesa de mejores equipamientos son su eficaz cloroformo. El pasado jueves, ella, juez de profesión, exhibió su cara de mayor dureza, parecida a la del granito de Colmenar, cuando a la pregunta en la “tele” sobre su opinión por la inasistencia del Rey al acto de Barcelona, se inhibió cínicamente: “no conocía los detalles”. Eso, doña Margarita, no se llama política sino cobardía política.

Pienso que el hostigamiento a las FAS, tercera punta del tridente defensivo de la Nación, no comenzará en serio hasta que se hayan desdibujado las otras dos. Me pregunto hasta qué punto las FAS deberían asistir impávidas al desguace del Estado y las reiteradas afrentas a su Mando Supremo, hechas desde un Gobierno salido de una investidura ilegítima de origen, y con una praxis que roza la ilegitimidad de ejercicio. En tal escenario, entiendo que la neutralidad, siempre exigible a las FAS, debería ser una neutralidad activa. Por eso, tal vez, no estaría de más que los tres jefes de Estado Mayor (con el cuarto no hay que contar mucho) hicieran algún gesto público a favor de la Constitución y del Rey.

La sociedad española que alumbró el pacto constitucional de 1978 por temor al pasado, ahora teme al futuro. Es un cambio sociológico perverso. La Historia, tristemente, nos muestra indignas llegadas al poder, siguiendo protocolos o resquicios supuestamente democráticos. Fue el caso de Hitler, en 1933, con su sanguinario Partido (Nacional) Socialista Obrero Alemán que, en cuanto pudo, echó el cerrojo a nuevas elecciones. Eso me recuerda la investidura de Sánchez, el pasado 7-E, quien fue “legalmente” investido gracias a votos desinformados sobre la coalición “sanchistapodemita”, que El Ilegítimo tenía preparada. Un paralelismo confirmado por Pablo Iglesias, el pasado miércoles, en el congreso de los diputados, escupiendo a Casado: “ustedes no volverán a formar parte del consejo de ministros de este país”. ¿Acaso tanto él como el Ilegítimo están pensando también en dar el cerrojazo a nuevas elecciones en España?