El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha rechazado la que calificó como "delirante propuesta que el partido de ultraderecha presentaba a debate con la intención de que España colabore con EE.UU para la captura de Nicolás Maduro y los demás miembros de su gobierno".
Durante su intervención en la Comisión de Exteriores, Santiago se refirió a "contrastados datos judiciales, militares, diplomáticos y hasta de la propia Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA)": "Señores de Vox, la mentira es una poderosa arma de propaganda política o de guerra, utilizada desde el origen de los tiempos. Pero el mayor error que pueden cometer quienes la utilizan es creerse las mentiras que inventan".
"No vamos a apoyar su proposición no de ley, es más, no nos parece ni que sea una proposición no de ley"
El también portavoz parlamentario de Izquierda Unida había empezado su explicación recordando el significado del término ‘lawfare’. Describe "una forma de ‘guerra jurídica’ que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional, con la intención de dañar al oponente para conseguir así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política, judicial o financieramente a los oponentes". Es la misma descripción que hace del ‘lawfare’ el ‘Informe del Encuentro de expertos en Cleveland (EE.UU) sobre el 11S y sus consecuencias’, del año 2010.
Santiago indicó a los/as diputados/as de Exteriores que "el ‘lawfare’ se aplica en estos tiempos con toda intensidad" y que ello empezó justo "cuando la izquierda en América Latina alcanzaba el gobierno en procesos electorales. Hoy su uso descontrolado se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo".
El portavoz adjunto de Unidas Podemos enumeró que entre los aspectos "más delirantes" de la iniciativa presentada a debate "destacamos, en primer lugar, acusar del ‘porte de armas’ a unos señores de los que se predica que son generales del Ejército venezolano. No alcanzamos a entender cómo puede ser un hecho criminal perseguible".
Además, apuntó que en la proposición no de ley de Vox presentan a "un tal general Cliver Alcalá Cordones" como "socio del presidente Maduro", quien ha señalado que "fue detenido en Colombia con armas de guerra mientras preparaba una intervención militar contra el Gobierno de Venezuela y se entregó a EE.UU, donde ya está".
Santiago reconoció que "no deja de llamarnos la atención que el presidente eligiera dicho país, que tiene la base militar estadounidense más grande de Centroamérica" y donde tras el golpe de Estado en aquel país se les "ha acusado una vez detrás de otra de instalar gobiernos sumisos. No parece el mejor lugar para que Maduro realice actividades contra EE.UU".
En la misma línea, sobre "el peligrosísimo ‘cartel de los Soles’", que estaría amparado por las autoridades venezolanas, "pues hemos consultado el informe de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, la DEA, de diciembre de 2019. En este informe no se menciona ningún ‘cartel de los Soles’ ni ninguna organización de narcotraficantes de Venezuela", aclaró Santiago.
El diputado tiró de ironía para asegurar que "de América Latina se mencionan tres grandes organizaciones o cárteles: los mexicanos, los colombianos y los dominicanos. Quizás los señores de Vox deberían acudir a la Embajada de EE.UU en Madrid a presentarles su hallazgo para que la DEA lo conozca".
"También procede indicar -apostilló- que el 90% de la cocaína que entra en los EE.UU procede de Colombia, según el informe de la DEA. El país con las mayores fuerzas militares del continente latinoamericano y gobernado, por cierto, por un partido hermano de Vox, que parece que permite este tráfico constante de cocaína a EE.UU".
Aseguró además que, "si tienen dudas, España lidera la incautación de cocaína en Europa. La Audiencia Nacional es la sede judicial europea donde más se procesan delitos relacionados con tráfico de cocaína. No hay ni un solo procedimiento judicial en la Audiencia Nacional que hable de un ‘cartel de los Soles’".
"No consta que la justicia española haya recibido ninguna solicitud de colaboración policial procedente de EE.UU sobre estos hechos", recordó para acabar, por eso "no cabe duda de que si España recibiera algún tipo de solicitud judicial, por supuesto que se activarían los convenios y se realizaría la tarea de asistencia mutua penal correspondiente".