El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó este viernes imputar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y le citó a declarar como investigado el próximo 30 de octubre en el marco del 'caso Kitchen', tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado rechaza la imputación de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro. García Castellón entiende que en este momento de la investigación no hay indicios suficientes para imputarles.
García Castellón cita también un día antes como investigado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien tendrá que acudir el próximo 29 de octubre. Su testimonio es fundamental porque Anticorrupción sospecha que él era conocedor de la supuesta operación parapolicial y se negó a declarar en su primera citación.
Además, cita como testigos al ex director de Comunicación de Interior Juan José Esteban y a otras tres personas: el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a su también colaboradora Icíar Castro Álvarez.
Hasta ahora, sólo Martínez, mano derecha de Fernández Díaz, estaba imputado en la causa en la que investiga si desde Interior se orquestó una operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la participación de efectivos de la Policía y gasto de fondos reservados, para hacerse con la información que pudiera obrar en su poder relativa a la financiación del Partido Popular.
En ese entramado, es clave la figura del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, que cobró miles de euros de los fondos reservados por espiar al que fuera responsable de las cuentas del PP. Según Anticorrupción, hay indicios de que la operación fue organizada desde Interior y también destacan que las informaciones obtenidas nunca se trasladaron al juez.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 indica que no ha lugar a otras diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la declaración como investigada de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El magistrado ha decidido ir paso a paso y escuchar las declaraciones fijadas antes de decidir sobre nuevas imputaciones.
García Castellón explica que, en línea con lo solicitado por el fiscal, resulta necesaria, útil y pertinente la comparecencia del que fuera ministro del interior, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.
Añade que así se desprende de los audios registrados al excomisario José Manuel Villarejo, así como de los mensajes transcritos y de la documentación referida en su auto. El juez considera especialmente revelador de la importancia que tuvo la excúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación, el pago a Sergio Ríos de cantidades mensuales abonadas al parecer con cargo a los fondos reservados procedente de Interior, lo que según el instructor, “evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo”.
El instructor de la 'pieza Kitchen' añade el hecho de que Ríos obtuviera una plaza como funcionario de Policía tras superar un proceso de oposición, extremo que requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio.
En su auto, el juez indica que desde el inicio de la investigación se conocieron indicios del encargo hecho a Villarejo “al parecer efectuado por personas vinculadas al Ministerio de Interior, encaminado a la obtención de información y documentación procedente de Bárcenas”.
Señala que en el verano de 2013, se produjo un acceso ilegal a un “zulo” en el que “podría almacenarse información procedente” de Bárcenas que podría estar en posesión del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño y con el conocimiento del ex número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino, todo ello sin el conocimiento del grupo de la UDEF que investigaba el caso por orden judicial.
El juez compila en su auto los gastos que comportó esta operación y que salieron supuestamente de los fondos reservados del Ministerio que dirigía Fernández Díaz sin el debido control que implica registrar a qué operación policial estuvieron destinados. El auto destaca las “disfunciones e irregularidades” en el uso de esos fondos que sirvieron para financiar “una operación policial intrínsecamente ilegal” que abarcaba incluso “el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.
De las actuaciones practicadas hasta el momento, el juez ve “desprenderse claramente la intervención de Francisco Martínez”, que por el momento se ha negado a declarar por permanecer la investigación bajo secreto de sumario. Ahora que todo le apunta como uno de los responsables de la trama, quizá sea más locuaz.
La Fiscalía le preguntará sobre los mensajes SMS intercambiados desde su teléfono móvil con el ministro Fernández Díaz, de los que levantó acta notarial en junio y octubre de 2019. Esos mensajes son claves para determinar si la investigación señala al exministro.
El auto concluye así que “todo ello permite apuntar en este momento al Ministerio del Interior como órgano desde donde se pudo desplegar la operación”, aunque por el momento “no puede descartarse ninguna hipótesis”, por lo que el magistrado señala que piensa “ahondar” en la investigación para hallar “evidencias sólidas” que le permitan ir “construyendo una investigación de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado”.
Precisamente por eso considera “precipitado” avanzar en la investigación de “otras personas” cuya implicación “se sustenta en referencias de terceros” y rechaza imputar por el momento a Cospedal y su marido.