El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para resolver sobre la reapertura de la causa especial 21092/2018, tal y como le han solicitado el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, firmantes de la querella criminal presentada ante esta instancia judicial en diciembre de 2018 contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos.
Los querellantes dirigieron un escrito a la Sala Segunda del Supremo a finales del pasado mes de julio en el que pedían “reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”. Fue esta misma Sala la que en el verano de 2019, en un tiempo récord, archivó las pocas actuaciones realizadas e inadmitió finalmente la querella apenas seis meses después de iniciado todo el proceso.
El ponente designado entonces para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez, que llegó a imponer a los firmantes una fianza de 12.000 euros -abonada puntualmente- para que pudieran ejercer su derecho como acusación popular.
Pues bien, desde esta misma Sala Segunda se informa ahora a los querellantes que da por ‘recibido’ el escrito en el que solicitan la reapertura de esta causa especial, cuyo actor principal es el todavía rey emérito, e indica que ha reclamado la querella original y las actuaciones practicadas al Archivo General del Tribunal Supremo para volver a resolver sobre este asunto.
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España argumentaron en su escrito de julio que da pie ahora a este movimiento del Supremo que sí está capacitado para investigar a día de hoy a Juan Carlos de Borbón y al resto de querellados a la vista de los nuevos acontecimientos de los que fueron protagonistas hechos públicos antes del verano. Además, están también las diferentes actuaciones decididas desde distintos ámbitos judiciales en relación a los delitos cometidos supuestamente por el rey emérito y otras personas que estaban en su círculo de confianza.
Por ello, argumentaron a la Sala Segunda que “habiendo cesado la causa que fundamentó el archivo de estas actuaciones ante esta Excma. Sala, en este caso el sobreseimiento provisional de la pieza 5 de las DP 96/2017 seguidas en el Juzgado Central de Instrucción nº 6, siendo además que existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018 remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado S.M. Juan Carlos de Borbón, procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”.
Los querellantes alegan que ya no vale el argumento que el Supremo empleó hace un año sobre que ‘los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional’.
“Como es público y notorio -inciden-, con fecha 27 de julio de 2020 el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la pieza número 5, inserta en las Diligencias Previas número 96/2017”, después de que este mismo juzgado central acordara en 2018 el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
El titular de este juzgado, Manuel García Castellón, decidió reabrier esta pieza encuadrada en el denominado ‘caso Villarejo’ y, entre otras medidas, imputó a la amiga de Juan Carlos de Borbón y empresaria comisionista Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein) a la espera de nuevas actuaciones.
Del mismo modo, PCE e IU recuerdan al Supremo que él mismo reconoció en los autos en los que echó por tierra las actuaciones emprendidas que “la querella presentada en su momento por esta representación tenía como base lo investigado en su momento por el Juzgado Central de Instrucción” de la Audiencia Nacional.
Insisten también en que después de que el Supremo decidiera archivar la causa especial “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”. Recuerdan que “la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción” al objeto de que investigue los “fondos irregulares” que Juan Carlos de Borbón “habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí”.
“Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado –advertían ya los querellantes el pasado mes de julio-, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.
La querella criminal de IU y el PCE que el Tribunal Supremo metió en un cajón hace más de un año va dirigida, además de a Juan Carlos de Borbón y Corinna Larsen, al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
Los querellados se reparten la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete de ellos referidos directamente al rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
El PCE, IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda ya reprocharon en su día por escrito al Supremo que hubiera decidido “omitir cualquier tipo de instrucción que pudiera desembocar en la confirmación o determinación indiciaria de la autoría de los graves hechos denunciados, eludiéndose injustificadamente acordar la práctica de diligencias de averiguación oportunamente pedidas”.
También lamentaron que lo amparara con “la ambigua expresión de que se pretende una investigación prospectiva, supuestamente carente de indicios de ninguna clase que justificaran la decisión de practicar tales diligencias de averiguación”.