Tras estos hechos, la formación liderada por Santiago Abascal, envió una denuncia a la Fiscalía contra la Corrupción Organizada, que fue ampliada unos días después, tras tener indicios de que Podemos se habría financiado gracias a contratos con el Gobierno de Morales, a través de la consultora Neurona Consulting, según indicaba la vicesecretaria Jurídica de Vox, Marta Castro.
En la ampliación de la denuncia presentada a finales de enero, esta formación política destacaba una entrevista en la que el ministro de Justicia de Bolivia declaró: “Iglesias ha financiado sus campañas con dinero de Evo Morales y Chávez”.
Vox recordaba en aquel escrito que el Tribunal Supremo venezolano está convencido de que el dinero ha sido dirigido a fomentar sus apoyos políticos en su país y en el extranjero, en este caso, en España, por medio de quienes fundaron Podemos.
En el mes de marzo, la Fiscalía archivó la denuncia y argumentó que estos hechos eran seguidos por la Juzgado Central de Instrucción Número 3 en la investigación de la petrolera PDVSA.
Es por ello que, ahora, Vox ha solicitado a dicho Juzgado la personación como acusación popular, “en aras a la protección del bien jurídico protegido por los delitos que en la denuncia de fiscalía se indican, y que posibilitan la idoneidad de su personación a la luz del artículo 21 de la CE”, según reza el escrito.